Las cifras de violencia en contra de los niños, las niñas y los adolescentes en México son alarmantes. En respuesta, el gobierno ha implementado diversas medidas en varios ámbitos para erradicar este fenómeno. Sin embargo, resulta preocupante que en ocasiones sean los propios servidores públicos, quienes tienen un papel crucial en la protección de los derechos de los menores y la prevención de la violencia, los que cometan estos actos condenables.
Recientemente, un tribunal ha determinado que cualquier acto de violencia contra menores de edad perpetrado por estos funcionarios públicos resultará en responsabilidad administrativa en su contra. A continuación, se detalla el contenido de esta tesis aislada y sus implicaciones:
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Dado que los servidores públicos a menudo carecen de la preparación necesaria para manejar situaciones con empatía, lo que puede resultar en comportamientos violentos, los tribunales están tomando medidas para proteger a los menores de edad de estas acciones.
No obstante, también es crucial que el Estado implemente programas efectivos de capacitación y asistencia, así como mejore todas las condiciones en las instituciones públicas para prevenir cualquier acto de violencia.