La posible aprobación de la reforma judicial y la desaparición de organismos autónomos presentan un escenario de gran incertidumbre para la economía mexicana, de acuerdo con las proyecciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) destacan que estos cambios podrían tener un impacto negativo considerable en la inversión privada, el crecimiento del PIB, la creación de empleo y las finanzas públicas.
Además, las implicaciones para los mercados financieros, la inflación y el sector externo subrayan la necesidad de un enfoque más cauteloso y una reforma verdaderamente integral.
El nuevo gobierno enfrenta un dilema crucial: apresurar una reforma judicial que podría desestabilizar el ambiente económico, o bien, buscar un consenso que garantice la estabilidad y el crecimiento a largo plazo.
La elección que se haga no solo afectará el futuro económico inmediato del país, sino también su capacidad para generar bienestar y prosperidad para toda la población. recalcó el organismo.
ÚNETE A IDC en nuestro canal de Whatsapp
Impacto en la inversión privada y el PIB
Uno de los puntos clave que destaca el CEESP es que la reforma podría afectar significativamente la percepción de la autonomía del Estado de Derecho, un factor crucial para los inversionistas nacionales e internacionales.
La sobrerrepresentación en el Congreso, que permitiría al nuevo gobierno modificar la Constitución sin mayores reservas, podría generar un escenario de mayor incertidumbre en el ambiente de negocios. Esta situación tendría un impacto directo en los niveles de inversión privada, un pilar fundamental de la economía mexicana, que genera el 85% del PIB y un porcentaje similar del empleo.
El CEESP advierte que la reforma judicial propuesta, en combinación con la desaparición de organismos autónomos, podría llevar a una disminución de un punto porcentual en el nivel de inversión privada, lo que a su vez se traduciría en una desaceleración del crecimiento del PIB en 0.3 puntos porcentuales. Lo anterior afectaría no solo el crecimiento económico, sino también la creación de empleo, con una reducción estimada de 60,000 empleos por cada punto porcentual perdido en inversión.
Consecuencias en el empleo y las finanzas públicas
El organismo estima que una reducción del PIB en un punto porcentual implicaría la pérdida de 200,000 nuevos puestos de trabajo, un golpe significativo para el mercado laboral en un país donde la generación de empleo es vital para el bienestar de la población.
En cuanto a las finanzas públicas, la disminución en el crecimiento del PIB también tendría consecuencias graves.
El CEESP calcula que cada punto porcentual perdido en el PIB inhibiría un aumento de los ingresos tributarios en aproximadamente 53,000 millones de pesos (mmp).
Por otra parte, la reforma judicial también podría tener repercusiones en el sector externo, particularmente en las exportaciones; se estima una disminución de un punto porcentual en el crecimiento de las exportaciones afectaría el crecimiento del PIB total en 0.25 puntos porcentuales. La proyección es especialmente relevante en el contexto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que exige la existencia de un sistema judicial autónomo. Cualquier percepción de que esta autonomía está en riesgo podría afectar negativamente la relación comercial y las exportaciones del país.
