Los últimos meses han resultado polémicos debido a la denominada “reforma judicial” en México. Su proceso legislativo y puesta en operación han desatado diferentes cuestionamientos y conflictos en diversos niveles. Sin embargo, uno de los aspectos en los que coinciden las múltiples voces que han intervenido en ella es en la necesidad de una reforma judicial. Y es que una de las necesidades que se ha detectado desde hace mucho tiempo es que el poder judicial tan ajeno estaba o está de los aspectos tecnológicos, especialmente del mundo digital.
Las tecnologías de la información y la comunicación se han potencializado en los últimos años y eso ha llevado a que cada día sea más marcada la dependencia tecnológica. No obstante, pareciera que, sobre el plano judicial, en países como México la “brecha digital” sigue siendo muy marcada y puede que los recientes cambios estructurales al poder judicial no aminoren ese margen.
Por ello es que a continuación el maestro Jesús Edmundo Coronado Contreras, coordinador editorial de las áreas de Fiscal, Jurídico Corporativo y Comercio Exterior de IDC Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral; coordinador de la comisión de Derecho Penal Internacional del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México A.C.; socio de Derecho Penal Internacional de la firma JMJ Partners & Lawyers y director de publicaciones de Bosch México y miembro del consejo editorial de su revista Praxis Legal reflexiona sobre los puntos medulares la llamada “justicia digital”, especialmente en el contexto mexicano.
Contexto
En México la impartición de justicia siempre ha sido un tema en constante crítica. La aplicación de la justicia suele cuestionarse cotidianamente porque esta suele tener sus implicaciones o como peyorativamente se menciona “sus asegunes”. Muchos de ellos con un origen peculiar, ya que pueden provenir desde la erratica o poco atinada legislación hasta lo que es la escasa formación de quienes imparten esa justicia. También pueden darse una combinación de factores y conjuntarse los anteriores, cuyo resultado es una de las multiples historias de terror de la justicia mexicana.
Este año se ha visto en gran medida marcado por varias “sacudidas” de origen político, una de ellas es la “reforma judicial”, la cual si bien era necesaria, no abona en la solución de las muchas carencias que presenta el poder judicial. Si bien rodeado de problemáticas; algunas administrativas como lo es la falta de recursos materiales y humanos para atender la enorme cantidad de asuntos y otras de carácter técnico, pues la formación de quienes conforman esa estructura no siempre atendía a las necesidades de la ciudadanía.
Nuestro país requiere de una “restructuración radical” de su aparato gubernamental y eso incluye a todos los poderes. La reconfiguración que actualmente está atraversando el judicial, es una que muchos pueden considerar innovadora, pero que en un análisis comparativo genera muchas dudas e inquietudes, porque “politiza” un poder que debiera ser el más ajeno “justamente” a esa “politización” para evitar “injusticias”.
La justicia no es politicamente correcta. Ello porque todo impartidor de justicia, sin importar la materia, suele resolver una controversia entre dos partes y su resultado suele dejar insatisfecha al menos a una de ellas, sino es que a ambas (por eso es que hay recursos y revisiones en varias instancias). En este aspecto se pueden citar dos adagios populares en México. “Cada quien cuenta como le fue en la feria” y es que si esa persona fue a quien los tribunales no le dieron la razón en su asunto seguramente su percepción del sistema de justicia será malo. Aunado a ello si se combina con el conocido “el que no tranza no avanza”. Es por lo tanto el fundamento de por qué entre varios sectores de la ciudadanía la necesidad de la reforma judicial encontró tanto eco.
No obstante, ese triste panorama no todo era negativo dentro de la estructura del sistema de justicia. Existían y existen aún personas con un gran valor y compromiso ahí, en diferentes materias y en diversos puestos. Quienes con gran pasión, compromiso, dedicación y entusiasmo buscan mejorar la impartición de la justicia.
La continua preparación y actualización no es un gusto sino una necesidad dentro de la formación jurídica y ello no excluye a quienes integran el poder judicial. Esa actualización en estos días suele ir de la mano de la vertiente tecnológica, la cual no puede ser ignorada. Al contrario se vuelve vital en todos los aspectos.
A nivel mundial el debate sobre la justicia digital lleva muchas aristas, una de las más recientes es el uso de la inteligencia artificial. Y es que en México la reciente reforma no abona en este desarrollo tecnológico, sino que se concentra en la vertiente de designación, selección de sus integrantes y en recortes y ahorros presupuestales. La inversión en la vertiente digital es una deuda pendiente.
Sin embargo, más allá de los últimos ajustes, se requiere reflexionar sobre la justicia digital o digitalización de la justicia en nuestro país. Especialmente en un contexto cada día más global y dependiente del uso de la tecnología.
¿Justicia digital?
Primero hay que delimitar que se debe comprender por “justicia digital”. Ello porque se suele partir de que esta es la integración de tecnológica en el sistema judicial, con el fin de mejorar la eficiencia, accesibilidad y transparencia en los procesos.
La justicia digital pretende que el sistema de justicia sea mucho más accesible para toda la población, facilitando las labores de impartidores de justicia, personal de apoyo y de la ciudadanía en general.
Se busca que por medio de esta el sistema de justicia sea mucho más transparente y también más efectivo y ágil, al permitir que se eficientice los recursos y se disminuyan los costos innecesarios.
Un fenómeno que no solamente padece México, sino que es un mal que ronda por diferentes partes del mundo es la saturación de los tribunales. En muchas materias y en varios niveles existe un gran rezago en la atención y resolución de asuntos. Diversos factores son los que han ocasionado esa situación, que afecta obviamente la impartición de la justicia y vulnera el derecho de acceso a la justicia de millones de personas en el mundo.
La pandemia por Covid-19 es una de las causantes de esa demora y acumulación de casos. A causa de esta situación se paralizaron muchos procesos y otros más se presentaron, justo por el contexto propio de una emergencia sanitaria. Ese panorama también desencadenó o potencializó la dependencia en el uso de la tecnología, ya que una alternativa para continuar con diferentes labores, permitiendo el distanciamiento social y evitar una propagación mayor del virus, fue el recurrir a herramientas e instrumentos tecnológicos.
Muchas de esas herramientas ya existían previo a la pandemia. Sin embargo, gran parte de ellas no eran utilizadas en los procesos judiciales. Ello debido a la falta de conocimiento y a la reticencia de algunos actores por emplearlas.
La tecnología facilita muchos aspectos de la cotidianeidad, pero también puede llegar a complicarla, porque no es infalible. Por ello está siempre sujeta a una constante innovación. La tecnología puede conllevar riesgos, como es la filtración o pérdida de información, su alteración o muchos otros ataques que no permitan el acceso a los mecanismos o que comprometan la situación jurídica.
Esos riesgos han generado en determinados actores una cierta resistencia a migrar por completo en los procesos judiciales a la era digital. En estos momentos, no obstante, pareciera que nos ubicamos justamente en el punto medio, pues se han conjuntado parte de estas dos vertientes sin realmente terminar de inclinar la balanza hacia uno u otro. Ante ello es que se hable más de una “justicia digitalizada” que de una “justicia digital” realmente.
¿Digital o digitalizada?
Los espacios de trabajo de los tribunales de varias materias se encuentran “atiborrados” por expedientes; millones de páginas con contenido de una enorme cantidad de hechos, argumentos y demás de una infinidad de casos. Todo ello implica una gran cantidad de gastos en recursos, desde la producción hasta la conservación de estos.
Su uso en muchas ocasiones no suele ser el más idóneo porque no terminan siendo accesibles o de fácil consulta tanto para las partes interesadas en el asunto como para quienes están a cargo de su resolución. En este aspecto es donde la tecnología podría simplificar estas cuestiones. No obstante, hasta el momento no existen los medios idóneos para ello.
La ausencia de plataformas especiales que brinden un soporte real a este tipo de procesos es uno de los grandes desafíos en la actualidad. Se requieren repositorios a la medida para que los documentos y demás que se inserten en la plataforma puedan responder adecuadamente a las necesidades de toda la población.
El simple almacenamiento de la información es un reto muy grande. Se partiría de la premisa de que con lo digital sería más sencillo resguardarla. Sin embargo, la ausencia de plataformas óptimas para ello lleva a que los respaldos se efectúen en físico y digital, aumentando los recursos en lugar de destinarlos eficientemente.
Igualmente, el uso de medios de comunicación ha facilitado muchos de los procesos. Por ejemplo, las videollamadas han permitido el desahogo de muchas audiencias, pero esas grabaciones en ciertos tribunales terminan siendo transcritas en físico (como respaldo), nuevamente demostrando que no se termina de transitar del mundo físico al digital por completo.
De ahí que se sostenga que la digitalización de la justicia es un proceso tardío y que cuyos pasos más grandes no han terminado de concretarse. Los continuos recortes presupuestales y falta de inversión también han propiciado que no termine de darse una transición completa. La escasa inversión en equipos complica el aspecto forense y el desahogo de pruebas, aunado a que muchas autoridades y juzgadores siguen teniendo mucha reticencia hacia la vertiente digital, justo por su poca confiabilidad y ausencia de conocimiento en ese campo.
¿Brecha digital?
El punto en el que se encuentra la implementación de la justicia digital en México es una muestra de una de las muchas brechas que se presentan. En este aspecto se confirma porque no toda la población cuenta con acceso a dispositivos digitales o no toda ella tiene los conocimientos para utilizarla correctamente.
Esa barrera genera escenarios que complican la implementación de procesos digitales. Si bien, los últimos gobiernos, pese a tener pertenencias partidistas diferentes, todos han coincidido en querer digitalizar a la población, especialmente ciertos trámites. Todo ello con el afán de simplificar las labores y que la ciudadanía tenga los menores problemas posibles para cumplir inclusive con sus obligaciones y también para garantizar sus prerrogativas básicas.
No obstante, en la práctica ello no ha sido factible. Gran parte de la población no tiene acceso a un internet de calidad y/o no cuenta con los dispositivos para ello. La falta de un registro eficiente de la identidad de las personas, que cumpla con los parámetros esenciales de contener la información indispensable y que trate correctamente esos datos sensibles, no permite que pese a la introducción de tramites digitales la población pueda hacer una adecuada utilización de estos.
La falta de homologación en las plataformas y criterios de uso también abona en las brechas digitales. La existencia de multiplicidad de firmas electrónicas es prueba fehaciente de ello. Trámites de carácter fiscal requieren de una en particular, pero esta difiere de la que muchas veces se emplea para otras áreas o materias como son tribunales locales. La ausencia de coincidencias complica a los usuarios.
Comentarios finales
La modernización de la justicia es un proceso complicado y que sigue generando muchas inquietudes. Pese a las recientes modificaciones en nuestro país, estas no han sido tendientes a facilitar o mejorar la transición rumbo a una justicia digital. Por el momento seguimos estando en un punto donde siguen confluyendo vertientes del sistema de justicia tradicional con algunas dosis de digitalización.
En otros países los procesos en línea ya son una realidad. Países europeos y en algunos estados asiáticos que han apostado por invertir en la rama digital. En México seguimos con cierta resistencia para invertir y transitar hacia un sistema digital en el sector público en general. Las escasas iniciativas que se han instrumentado en varios sectores y materias han quedado, desafortunadamente, como meros hechos aislados. Los juicios en línea han sido una breve ilusión y rodeados de carencias y fallas, confirmando los temores de los más escépticos en el uso de la tecnología. Y qué decir del uso de la inteligencia artificial que sigue siendo un desafío.
La inversión en tecnología es una apuesta acertada que debe ir acompañada de varias políticas públicas de integración y de homologación, lo cual podrá garantizar un adecuado acceso a la justicia. Sin embargo, mientras no se corrija el rumbo en México seguiremos padeciendo esas deficiencias en un mundo cada día más digital y globalizado. Porque hasta el momento lo que se ha hecho es medianamente digitalizar ciertas partes de un sistema de justicia imperfecto.
