Como parte de los cambios provocados por la reforma judicial en materia constitucional, el 20 de diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se expide la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF).
La nueva ley entró en vigor al día siguiente de su publicación, abrogando la anterior, ya que esta no cumplía con los requerimientos necesarios para implementar los cambios derivados de la reforma constitucional.
Esta nueva ley consta de 307 artículos que regulan la integración, funciones y contiene varios aspectos clave que se abordarán a continuación.
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Eliminación de órganos y figuras actuales
Uno de los cambios más significativos es la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, que será reemplazado por nuevos órganos con atribuciones específicas. Además, se elimina la Subsecretaría General de Acuerdos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La Comisión de Administración del Tribunal Electoral también es sustituida por un Comité de Administración con nuevas facultades y atribuciones.
Creación del Órgano de Administración Judicial
El Órgano de Administración Judicial será el encargado de gestionar la administración y la carrera judicial del poder judicial. Entre sus funciones destacan:
- formación, evaluación y permanencia de los servidores públicos judiciales
- operación de tribunales y juzgados federales, asegurando su correcta especialización y delimitación territorial y
- gestión del Instituto Federal de Defensoría Pública y la capacitación a través de la Escuela Nacional de Formación Judicial
Establecimiento del Tribunal de Disciplina Judicial
Este tribunal es un nuevo organismo que tendrá la función de sancionar faltas graves y delitos cometidos por servidores públicos judiciales. Integrado por cinco personas elegidas mediante voto popular, contará con independencia técnica y de gestión.
Las resoluciones del tribunal serán definitivas e inatacables.
Entre sus facultades se incluyen la investigación de responsabilidades administrativas y la solicitud de juicios políticos en casos graves.
