Conozca cómo catalogar organizaciones delictivas ha generado controversias en los dos lados de la frontera



El 20 de enero de 2025, el presidente de los Estados Unidos emitió una orden ejecutiva que designa a ciertos cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT por sus siglas en inglés). 

Dicha medida impacta en México, no solamente al gobierno sino también al sistema financiero. La acción se fundamenta en la Ley de Inmigración y Nacionalidad y en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, pues busca responder a amenazas a la seguridad nacional, política exterior y economía de los Estados Unidos

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Contenido de la orden ejecutiva

Entre las amenazas identificadas están los denominados cárteles internacionales, que se consideran grupos que han evolucionado de agrupaciones del crimen organizado hacía entidades que emplean estrategias de insurgencia y guerra asimétrica. Ello porque se han infiltrado en instituciones gubernamentales en países occidentales y ejercen el control de amplias regiones del territorio mexicano. Entre sus actividades están:

  • narcotráfico a gran escala

  • tráfico de armas y de personas 

  • violencia y terror para preservar el control territorial

Otras organizaciones de carácter transnacional como Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha también han sido designados por su violencia y capacidad de operar tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Agrupaciones de esta clase afectan la seguridad y estabilidad de la región y son amenazas serias para el sistema económico y las operaciones comerciales en general. 


Consecuencias

Esto puede producir diversas implicaciones a múltiples sectores, ya que la designación de estas organizaciones amplía el alcance de las medidas regulatorias entre las que están el congelamiento de activos, prohibición para ciertas operaciones o transacciones y sanciones severas que pueden ser administrativas o penales. 

También se afectan las relaciones diplomáticas, toda vez que pueden llevar a injerencias extranjeras o intervenciones que repercuten en la soberanía de los estados. La estabilidad regional y la cooperación internacional igualmente pueden ser alteradas por una posible acción unilateral por parte del gobierno de Donald Trump. Ello porque varios países de la región no coinciden con esa postura política. 

Las instituciones financieras que operan en varias jurisdicciones deberán implementar más y diversos controles para evitar ser vinculadas con esta clase de agrupaciones. No tener un debido control puede originarles desde la interrupción de operaciones hasta sanciones

Igualmente se presenta una afectación reputacional y a la confianza en las instituciones, tanto a nivel local como internacional, que menoscaba la percepción que se tiene de instituciones, empresas, gobiernos o en lo individual a determinados personajes. Todo porque si se llega a tener alguna clase de vínculo directo o indirecto con estas agrupaciones se desencadenará una problemática. 

Se presentará una presión política más intensa en temas de seguridad y aplicación de sanciones, lo cual no necesariamente llevará a una mejora en ese campo, porque en México el fenómeno del terrorismo no se conoce de la misma manera que en Estados Unidos

Es posible que se pueda presentar una desestabilización económica. Son muchos los negocios que tienen una relación directa con estas agrupaciones delictivas, pero existen otras que su vínculo es indirecto, estos podrían verse perjudicados si no se lleven a cabo controles, aunque en muchos escenarios no podrían resultar suficientes. 

La inversión extranjera podría disminuir, ya que los posibles inversores al vislumbrar este panorama podrían considerar a México como un país de alto riesgo. Esa disminución sería grave porque no solamente afectaría la economía, sino que puede repercutir en la generación de empleos


Recomendaciones

Todos los actores involucrados; es decir, gobierno, instituciones financieras, empresas e incluso particulares, pueden implementar medidas para mitigar riesgos y cumplir con sus obligaciones para evitar posibles sanciones y algunas de las consecuencias señaladas. Aunque pueden presentarse diferentes escenarios ante este contexto. Próximamente en nuestra revista digital, edición 573, sección Jurídico Empresarial podrá encontrar un análisis sobre estas problemáticas. 

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