La seguridad ya no es solo un asunto gubernamental; hoy, más que nunca, forma parte de la estrategia corporativa. En julio de 2025 entraron en vigor dos leyes que transforman el panorama de seguridad pública en México: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública (LSNIIMSP).
No hablamos solo de un marco legal abstracto: estas reformas tocan de lleno temas como cumplimiento corporativo, ciberseguridad y gestión de riesgos.
En un entorno donde la delincuencia organizada y los delitos digitales se han vuelto parte del día a día, la pregunta es inevitable: ¿están las empresas preparadas para operar bajo estas nuevas reglas?
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Nuevo escenario normativo
De acuerdo con el maestro Carlos Hernández, abogado experto en ciberseguridad, inteligencia y Derecho penal internacional y CEO de Nzaya, Diplomacy, Rule of Law, Security & Intelligence, estas reformas buscan profesionalizar y centralizar los esfuerzos en seguridad.
La creación del Gabinete Federal de Seguridad Pública y el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana buscan dar mayor claridad institucional y mejorar la capacidad de respuesta del Estado.
Pero el verdadero cambio de fondo está en la LSNIIMSP: por primera vez, se reconoce la inteligencia como una función estratégica del Estado, orientada a identificar amenazas y prevenir delitos con un enfoque técnico y organizado.
Esto implica que ciertos registros y bases de datos empresariales pueden llegar a ser considerados insumos clave para tareas de seguridad pública.
Implicaciones directas para las empresas
Las compañías deberán reforzar sus políticas internas de protección de datos. Asimismo, el cumplimiento en áreas como trazabilidad y cumplimiento normativo. No se trata únicamente de una obligación legal, sino de un requisito estratégico para garantizar sostenibilidad y competitividad.
Los sectores más sensibles son telecomunicaciones, transporte, servicios financieros, energía y tecnología. En todos ellos, la gestión adecuada de la información ya no es opcional: es un factor decisivo para evitar riesgos legales, reputacionales y operativos.
Asimismo, el cumplimiento en áreas como prevención de lavado de dinero, anticorrupción y ciberseguridad cobra relevancia inmediata. Las reformas recientes se vinculan con ajustes en otras normas, como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y las facultades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia de delincuencia organizada, lo que obliga a las empresas a tomar medidas proactivas para no operar “en piloto automático”.
La inteligencia como ventaja competitiva
Más allá de los riesgos, la inteligencia corporativa también puede ser una oportunidad para las empresas. Bien aplicada, permite:
mejorar la toma de decisiones estratégicas
identificar tendencias y anticipar riesgos
fortalecer la protección de activos y propiedad intelectual
optimizar recursos y localizar nuevas oportunidades
generar confianza y credibilidad ante clientes y socios
Lo expuesto representa únicamente una visión preliminar de los recientes cambios normativos en materia de seguridad e inteligencia. El análisis completo se encuentra en: ¿Seguridad e inteligencia en las empresas?, elaborado por el maestro Carlos Hernández y publicada en la edición 586, del 15 de septiembre de 2025, en nuestra revista digital.
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