El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó, en la resolución del amparo directo en revisión 3097/2025 que la persona que está legalmente obligada a prestar alimentos no puede dejar de cumplir esa obligación sin motivo justificado. Dicha omisión puede generar consecuencias penales de acuerdo a los códigos penales de cada entidad. En el caso del estado de Tamaulipas donde se sanciona el “abandono de obligaciones alimentarias”.
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¿Qué determinó la SCJN en materia de obligación alimentaria?
La Corte sostuvo que el artículo impugnado relativo al abandono de obligaciones alimentarias en perjuicio de hijas o hijos menores de edad cumple con los requisitos de tipicidad, claridad y previsibilidad exigidos por el principio de legalidad. De esta manera, se validó que el delito establece una obligación legal de brindar alimentos, y ante la falta de cumplimiento “sin motivo justificado”, se aplicará una sanción en contra de quien incumple.
Asimismo, señaló que la expresión “sin motivo justificado” no requiere que la ley enumere todos los supuestos de justificación: corresponde al juzgador valorarlo caso por caso, conforme a las circunstancias del individuo obligado.
Reconocimiento de los lazos de cuidado en relaciones familiares
En dicho análisis, la Corte advirtió que la obligación alimentaria forma parte del entramado de la responsabilidad mutua, los lazos de cuidado y la solidaridad familiar. El incumplimiento de esa obligación, dijo, no sólo afecta el patrimonio de niñas, niños o adolescentes, sino que vulnera un núcleo esencial de sus derechos, en donde el derecho a la alimentación y, por extensión, el derecho a la protección integral que emana de la familia.
La Corte enfatizó que dicha obligación subsiste mientras las circunstancias lo exijan, salvo que exista un motivo justificativo válido, de modo que la “injustificación” de la conducta del alimentante es la que activa la sanción penal.
Relevancia y alcance de la decisión
La sentencia ADR 3097/2025 se convierte en una pauta relevante para las entidades federativas que contemplan normas penales en materia de obligaciones familiares. La Corte pone de manifiesto que el Estado tiene un interés legítimo y constitucionalmente respaldado en proteger el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir alimentos y que dicho interés justifica la intervención penal cuando la conducta de quien está obligado es injustificada.
Además, la decisión refuerza la tendencia de la Corte a interpretar los tipos penales con exigencia de claridad y proporcionalidad, de modo que las normas que sancionan omisiones familiares no queden a la deriva de la discrecionalidad.
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