Las elecciones del pasado 6 de junio en México anticiparon una recuperación económica en el país de entre 4.5% y 7%, gracias al crecimiento del consumo en Estados Unidos y las divisas por concepto de remesas de mexicanos, quienes aprovechando la ayuda que el gobierno norteamericano les dio a sus hogares, enviaron más recursos a sus familiares para contrarrestar la crisis que dejó la pandemia por COVID-19.
Sin embargo, vale la pena decir que no todas las entradas de divisas que llegaron al país se reflejaron en el consumo, pues tomando en cuenta la falta de empleo y la reducción de los salarios, los hogares comenzaron a ahorrar sus recursos. No obstante, vale la pena decir que este no es el único factor que interviene en el desarrollo de una recuperación, por ello, considerar los impactos.
Juan Ignacio Gil Antón, Presidente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), asegura que en lo que va de la actual administración federal, “la inversión total ya acumula diez trimestres consecutivos a la baja”, lo que significa que se ha restado 1.8 puntos al crecimiento del PIB, esto como una consecuencia en la baja del consumo de las y los mexicanos por la falta de empleo.
Lo anterior ha provocado que la inversión se haya visto deteriorada y visualizar una recuperación económica a corto plazo tiene menos posibilidades por las altas tasas de inflación, que según las expectativas, será de aproximadamente el 6%, al término de este 2021 y propiciará un margen de “desigualdad y pobreza”.
El presidente del CEESP agregó que aunque “la recuperación económica dependerá de las grandes empresas”, esto “agudizará la desigualdad, pues aunque habrá tasas de crecimiento no mejoría en las condiciones de vida de muchas familias”.
Ignacio Gil Antón confió en que para dar pie a la recuperación, es necesario retomar la confianza de los inversionistas en el futuro del país, considerando “el respeto a los acuerdos y contratos y en la estabilidad macroeconómica y fiscal”, un tema que podría no ser sencillo pues la confianza de la iniciativa privada no está en su mejor momento, de hecho, de World Justice Project -organización independiente, internacional, y multidisciplinaria que trabaja para avanzar el Estado de Derecho en el mundo-, reveló que México se encuentra en el lugar 104, 12 posiciones por debajo de lo que se ubicaba en 2018.
Asimismo, el experto detalló que la recuperación no será inmediata, ya que los empresarios “ya no estarán ahí y tampoco contarán con el capital para rehacer sus negocios”, dejando solo a quienes ahorraron, los que logren mantener a “sus empresas en pie”, ya que “la recuperación estará apalancada en las capacidades de las grandes empresas, de aquellos que tuvieron los ahorros suficientes para sobrevivir y para mantener sus activos”.
Por ello, el presidente del CEESP indicó que aunque “habrá tasas de crecimiento”, esto no mejorará las condiciones de vida de las familias, algo que finalmente propiciará la “desigualdad y la pobreza” y limitará “un crecimiento económico sostenible”.
Juan Ignacio Gil Antón puntualizó en que es indispensable “proteger a las pequeñas empresas, a los pequeños patrimonios invertidos en ellas, proteger la posibilidad de mantener esos empleos, evitar la destrucción de capacidades de producción y de generación de empleos”, para evitar un impacto negativo en la “en la calidad de vida de las personas” y así evitar un aumento en los niveles de desigualdad y pobreza que hay en México, y es que de acuerdo con el Desarrollo con Equidad (EQUIDE), actualmente el 54% de la población en el país se encuentra en algún tipo de pobreza.
