Es fundamental que en la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 se contemplen los derechos sociales como elemento central del quehacer gubernamental, ya que el enfoque de derechos en desarrollo social reconoce la necesidad de garantizar que las personas tengan pleno acceso a estos, además de satisfacer pisos indispensables de bienestar, aseguró el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
“Es prioritario orientar los recursos del PEF 2022 hacia la adopción de medidas que subsanen los efectos de la crisis por la enfermedad COVID-19 sobre el bienestar de las personas, reduciendo las brechas de atención”, destacó el organismo.
En el documento Consideraciones para el proceso presupuestario 2022, que analiza los programas y acciones de desarrollo social presentes en el PEF 2021 que pueden ser relevantes para la reducción de la pobreza y las carencias sociales, así como para garantizar el acceso efectivo a los derechos sociales y atender a los grupos de población con mayores afectaciones por la COVID-19, conformados por las personas vulnerables por carencias sociales, en situación de pobreza, desocupadas y trabajadoras informales, descubrió que de 122 que existen en nuestro país, 94 cumplen con la función antes mencionada.
“El enfoque de derechos en el desarrollo social, más allá de la satisfacción de pisos indispensables de bienestar, reconoce la necesidad de garantizar el acceso efectivo, por lo que, bajo esta perspectiva, su materialización debe ser el objetivo de la política pública. En este sentido, es fundamental que en la integración del PEF 2022 se contemplen los derechos sociales establecidos en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 6 de la Ley General de Desarrollo Social, como elementos centrales del quehacer gubernamental”
Como parte de este análisis, el Coneval hizo algunas observaciones que podrían contribuir al acceso efectivo de los derechos sociales:
- bienestar económico, de acuerdo con los últimos resultados de la medición de la pobreza, entre 2018 y 2020, la población vulnerable por ingresos pasó de 8.0% a 8.9%, lo que representó un aumento de 1.4 millones de personas. Las afectaciones por la emergencia sanitaria generaron la necesidad de crear estrategias y políticas públicas que atiendan a la población con ingreso medio para prevenir que su situación empeore y enfrenten una situación de pobreza; por lo que es indispensable consolidar un sistema de protección social que contemple una pensión universal mínima de retiro y de invalidez financiada con impuestos generales
- alimentación nutritiva y de calidad, se requiere reforzar la promoción de la cultura alimentaria, por lo que es necesario crear estrategias de educación y comunicación que favorezcan el consumo de alimentos saludables para que la población tenga información clara y oportuna sobre salud, nutrición, alimentación y adopción de estilos de vida saludables. En ese sentido, existe evidencia de que el acceso a alimentos a través de cupones, regularmente, tienen efectos positivos en la seguridad alimentaria de los hogares. Sin embargo, se sugiere que se complementen con la vinculación con productores locales
- salud, con la finalidad de reducir la inequidad en la atención en salud, es importante avanzar en la coordinación entre instituciones y subsistemas del sistema público de salud mediante una planeación estratégica que contemple fuentes de financiamiento, poblaciones objetivo, paquetes de cobertura por sistema de aseguramiento y un sistema único de información. A partir de la sustitución del Seguro Popular por el INSABI es indispensable dar mayor certeza sobre fuentes de financiamiento y la continuidad en el flujo de los recursos para atender las necesidades derivadas directa e indirectamente de la emergencia
- seguridad social, se deben articular medidas de corto plazo necesarias para atender las manifestaciones más agudas de la emergencia, con otras de largo plazo, orientadas a garantizar el ejercicio de los derechos sociales. Como medidas de corto plazo destacan la ampliación de la cobertura integral de protección social hacia los grupos más afectados por la pandemia, y entre las medidas de largo plazo, desarrollar un mecanismo de protección ante futuras eventualidades. El desafío en materia de protección social es garantizar el ejercicio de los derechos de las personas mediante el fortalecimiento de un sistema de protección social universal
- trabajo, en México, los seguros de desempleo o de separación individual no son una práctica extendida. La falta de estos vulnerará a la población ocupada que perdió su empleo derivado de la emergencia sanitaria actual, por lo que se sugiere el fomento de estos mecanismos. Es necesario fomentar la creación de programas y estrategias articuladas e integrales que garanticen el acceso de las mujeres a recursos productivos y a oportunidades de empleo, debido a que, durante la pandemia, se presentó una disminución en el total de mujeres ocupadas en 6.8% en comparación con 1.6% en el caso de los hombres, afectando en mayor medida a las mujeres en puestos informales, con una disminución de 1.3 millones de puestos en este periodo
