Las secuelas de la crisis de COVID-19 llevarán años en desaparecer si los países de América Latina y el Caribe no toman medidas inmediatas para impulsar un deslucido proceso de recuperación de la pandemia, con la pobreza en su mayor nivel en décadas, advirtió el nuevo informe del Banco Mundial, "Recobrar el crecimiento: Reconstruyendo economías dinámicas pos-COVID con restricciones presupuestarias".
Además, las previsiones de crecimiento para los próximos dos años caen por debajo del 3%, un regreso a las tasas de crecimiento bajas de la década de 2010, generando preocupación de una nueva década perdida en términos de desarrollo.
“Para alcanzar el ritmo de crecimiento necesario para hacer avanzar a la región y reducir las tensiones sociales, esta debe llevar a cabo de forma urgente reformas muy postergadas aunque viables en el ámbito de la infraestructura, la educación, la salud, la política energética y la innovación, además de encarar los nuevos desafíos planteados por el cambio climático”, señaló el documento.
No obstante, la recuperación a nivel regional enfrenta múltiples obstáculos. Cualquier resurgimiento del virus impactará sobre el crecimiento, mientras que la persistencia de las presiones inflacionarias a nivel mundial podría derivar en tasas de interés más elevadas, reduciendo la demanda.
A su vez, el elevado nivel de endeudamiento del sector privado podría acotar su capacidad de liderar la recuperación, mientras que los crecientes niveles de déficit público y endeudamiento limitan el potencial de cualquier intervención pública futura.
“Los esfuerzos por mitigar los efectos de la crisis dieron pie a un aumento significativo del gasto, resultando en mayores niveles de déficit y deuda pública”, dijo el economista en jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, William Maloney.
Agregó que el nivel promedio de deuda pública aumentó en 15 puntos porcentuales, hasta alcanzar un 75.38% del PIB. “Dado el imperativo de impulsar un crecimiento más dinámico, inclusivo y verde dentro de un contexto de escasez de recursos, los gobiernos deberán replantearse cuál es la mejor y más eficiente manera de utilizar los recursos públicos”.
- replantear las prioridades de gasto público: acercándose a niveles mundiales de eficiencia y fijando nuevas prioridades para el gasto, los sistemas de salud pueden obtener ganancias rápidas que alargarían la esperanza de vida promedio en cuatro años. La educación puede mejorarse centrándose en las escuelas más afectadas, con un mejor uso de tecnologías y promoviendo las carreras terciarias cortas capaces de alinear mejor las habilidades disponibles con las necesidades de la industria. El gasto en investigación y desarrollo, que es la mitad del porcentaje observado en los países de ingreso medio, puede ser usado de manera más eficiente asegurando la existencia de vínculos entre los centros de investigación y el sector privado, mientras que un mayor nivel de transferencias públicas e inversión en infraestructura puede servir para impulsar el crecimiento y reducir la desigualdad. La generación y el consumo de energía pueden volverse más sostenibles en términos ambientales y fiscales focalizando mejor los subsidios hacia los segmentos más vulnerables (entre el 40% y el 60% de los subsidios eléctricos se dirige al 20% más alto de la escala de ingreso)
- gasto más eficiente: en lugar de recortar el gasto, reducir la ineficiencia en el sistema de contrataciones públicas y en los programas de transferencias, que representan pérdidas promedio de 4.4% del PIB, podría liberar recursos para otros fines. Solamente en las contrataciones se estima que el uso de mejores prácticas tendientes a reducir la corrupción, la ineficiencia y aumentar la competitividad de las licitaciones podría resultar en un ahorro del 22% del gasto sin cambios en las actuales leyes de contratación pública
- potenciar los ingresos: hay espacio para aumentar los impuestos sin afectar el crecimiento de manera significativa. Las áreas a explorar incluyen ampliar los impuestos sobre la propiedad y en menor medida sobre la renta de las personas, elevar los gravámenes sobre alimentos no saludables y las emisiones de carbono, y mejorar la capacidad de recaudación en una región donde el nivel de evasión del impuesto sobre la renta de las sociedades es prácticamente del 50%
