En los municipios, la calificación promedio en el 2017 fue de 21%, mientras que en 2019 fue de 30%
Una mejor regulación, con beneficios para la sociedad que excedan los costos de su cumplimiento por parte de los ciudadanos, es un requisito para el crecimiento económico sostenible y sólido, indicó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CESP).
Detalló que cuando las autoridades mantienen marcos normativos sencillos y transparentes, que permitan iniciar y operar una empresa sin tantos obstáculos, se incentiva la inversión y se fortalecen el crecimiento y la competitividad. Pero además, se facilita el combate a la corrupción y a la economía informal, lo que es un impulso a la productividad. En ese sentido, el CEESP estableció un indicador de apego a la mejora regulatoria de los distintos órdenes de gobierno, con los siguientes resultados: la calificación promedio de las entidades federativas pasó de 35% a 51%. Lo que indica un avance en el porcentaje promedio hacia las mejores prácticas de mejora regulatoria en los municipios, la calificación promedio en el 2017 fue de 21%, mientras que en 2019 fue de 30%, lo que también revela que hay avances, pero en general también un mayor rezago que en los estados el pilar con el mayor crecimiento registrado es el de Políticas, derivado de la aprobación de la Ley General de Mejora Regulatoria (LGMR) en el año 2018, que establece la obligación para los estados de homologar sus leyes locales conforme a aquella para fines de armonización nacional "Si bien los estados y muchos municipios cuentan con leyes de mejora regulatoria y autoridades para instrumentarlas, es necesario fortalecerlas e implementar políticas específicas para las actividades que facilitan la generación de riqueza y la productividad de las empresas", puntualizó.
"Más aun, una mejor regulación ayuda a ampliar el número de contribuyentes fiscales, y así a fortalecer las finanzas públicas, la seguridad jurídica y patrimonial de trabajadores, empleadores, proveedores, clientes y consumidores", subrayó.
