El organismo indicó que en
2020 las condiciones del mercado favorecían la contratación de la deuda estatal, ya que la tasa promedio ponderada al final del año fue de 4.8%, mientras que un año después, esta subió a 6.2%. Las entidades dejaron pasar la oportunidad de contratar deuda pública bajo mejores condiciones para incrementar la inversión pública o lograr la reestructuración o refinanciamiento de sus pasivos.
"Calificar a la deuda pública como nociva por anticipado puede ocasionar que se deje de invertir aún más a nivel subnacional, ya que en 2021 la inversión estatal reportó niveles similares a los observados en 2017", subrayó.
Por lo anterior, el IMCO propuso:
- dar continuidad al Sistema de Alertas de la SHCP y a la información recopilada por el Registro Público Único. La información es un insumo fundamental para fomentar la competencia en el sector y generar mejores condiciones de contratación
- mejorar y revisar las capacidades locales de las haciendas públicas y tesorerías municipales para estar en posibilidad de contraer deuda o emitir activos bursátiles. La subcontratación puede disminuir a través de esquemas de colaboración entre municipios (intermunicipalidades) o con el gobierno estatal, que los habilitaría para acceder a créditos
- asociar la deuda con inversión productiva. La deuda pública debe permanecer como un instrumento de financiamiento que, bien utilizado, mejorará las condiciones de vida de las personas
"La deuda es una herramienta financiera. Cuando esta es usada para fines productivos y de forma sostenible, permite a los estados y municipios hacer inversiones que sirvan como catalizadores de crecimiento económico y competitividad", reiteró.