La tasa de participación laboral de las mujeres pasó de 51.8% en 2019, a 47.7% en 2020, mientras que en este 2022, se estima la cifra llegó a 51.3%, similar a la registrada en 2018 y que representa un retroceso de cuatro años, es decir, una de cada dos mujeres en edad de trabajar está fuera del mercado laboral, indicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En el informe, “Los impactos sociodemográficos de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe”, la Comisión detalló en que la autonomía económica de las mujeres se ha visto afectada, pues aunque los hombres también tuvieron una disminución en el mercado laboral (pasaron de 75.5% a 70.8%), en el tema de la recuperación, la brecha es más amplia para las mujeres.
La CEPAL indicó que en la región, las mujeres se enfrentaron a condiciones de desempleo, mayor precariedad e informalidad que en el resto del mundo, y aquellas que contaban con empleo obtuvieron menores remuneraciones.
Trabajo doméstico remunerado y no remunerado
De acuerdo con la CEPAL, la crisis afectó al 56.9% del empleo de las mujeres, situación que dio pie a la pobreza, pues en la región, las mujeres de entre 25 y 59 años presentan tasas de pobreza más altas que los hombres.
En 2020, por ejemplo, un 69% de las trabajadoras domésticas remuneradas de la región se vieron afectadas en sus ingresos por el confinamiento, además, solo 25.5% estaban afiliadas o cotizaban a la seguridad social, lo que originó el cese de la relación laboral sin indemnización o cambios impuestos en las condiciones de trabajo.
Asimismo, la Encuesta Regional sobre el Impacto del COVID-19 en las Trabajadoras del Hogar de la Federación Internacional de Trabajadores del Hogar reveló que un 11.2% de estas ellas se encuentran en situación de pobreza, pues 68% mantienen con su salario a sus familias y en el 92% de los casos, este es el único ingreso del hogar.
¿Y la autonomía física?
En el caso de los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados, las mujeres ya dedicaban más del triple de tiempo que los hombres, y con la emergencia y el cierre de escuelas la cifra incrementó, dificultando su desempeño laboral afectando sus ingresos y condiciones laborales, sumado a las desigualdades étnico-raciales, independientemente del nivel educativo.
Con el aislamiento, al menos a una de cada tres mujeres fueron víctimas de violencia por razones de género, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y en la región aumentaron las llamadas telefónicas de ayuda o apoyo a sobrevivientes de violencia.
No obstante, la Comisión lamentó que muchas veces ellas no tienen acceso a servicios de apoyo psicosocial o asistencia para denunciar y las vulneraciones a sus derechos son latentes, especialmente en edades tempranas con matrimonios infantiles que pueden desencadenar violencia y sobrecarga de tareas de cuidados.
Matrimonio infantil diluye oportunidades de mujeres
Pero, ¿por qué hablar de matrimonio infantil? De acuerdo con el documento de la CEPAL, estar casada o en unión antes de los 18 años incrementa la probabilidad de convertirse en madre a una edad muy temprana, lo que las obliga, “mayoritariamente al trabajo de cuidados, poniendo en riesgo su educación, sus ingresos laborales y sus oportunidades de desarrollo”.
En ese sentido, las limitaciones a sus derechos sexuales y reproductivos provocan:
- precarización socioeconómica
- aislamiento social
- restricciones a su desarrollo integral
Para atender lo anterior, la Comisión enfatizó en la necesidad de que los países redoblen esfuerzos con políticas públicas que fortalezcan la prevención del matrimonio infantil, garanticen el acceso universal a educación no sexista y de calidad, servicios de salud sexual y reproductiva, y programas de apoyo para enfrentar desigualdades de género.
Mayor participación para lograr la equidad
En el documento, la CEPAL resaltó que en 2020, solo Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Perú contaban con un 50% o más de carteras en que las mujeres eran ministras, mientras en México, Ecuador, El Salvador, Granada y Guyana, las mujeres encabezaban entre el 35% y el 49.9% de los ministerios.
Si bien el organismo reconoció que la presencia de las mujeres aumentó, en los poderes legislativos y de toma de decisiones la mayoría de los representantes son hombres, por lo que es necesario que se emplee a más mujeres en cargos que permitan gestionar mejores políticas públicas adecuadas a las necesidades de las mujeres, para poner fin a temas como el techo de cristal, brechas salariales y mayor equidad en las tareas de cuidados.
