Diversidad, encuestas y leyes

Terminó el mes de junio y me quedo con la sensación de que vimos un rainbow washing en todas partes, por eso escribo del tema un mes después, porque la agenda de construcción de espacios laborales, educativos y sociales sin discriminación continúa. La diversidad es una suma de movimientos y acciones que van más allá de la apropiación de los colores y del “uso” político o mercantil que se pretenda hacer de la comunidad LGBTIQ+.

Además, estuvo la famosa Marcha del Orgullo que este año en la CDMX tuvo una asistencia récord calculada en 250 mil personas, una de las más concurridas en su historia. Y hablando de historia, una opción rápida para conocer el origen de esta marcha es la página web de Cultura del gobierno de la CDMX que registra la primera en 1978, aunque muchos activistas de la comunidad consideran como primera marcha la realizada en 1979.

También sucedió que a finales de junio el INEGI presentó los resultados de su primera Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, la ENDISEG 2021, un ejercicio pionero para visibilizar el rechazo social o laboral por orientación sexual y/o identidad de género a partir de los 15 años de edad en la población que se reconoce LGBTI+.

Así tenemos, de acuerdo a una fuente oficial y con credibilidad, que la población total de 15 años o más somos 97.2 millones de personas, de las que 5.1% (5 millones) se consideran LGTBI+ por su Orientación Sexual y/o su Identidad de Género (OSIG).

Desglosando algunos resultados, de estos 5 millones que integran la comunidad LGBTI+ hay 4.6 millones (4.8%) que lo son por su orientación sexual.

Este 4.8% de la población se integra por 1.9 millones de hombres (4.2%) y 2.7 millones de mujeres (5.3%).

En cuanto a la identidad de género, en la ENDISEG se le define como “la manera en que cada persona a partir de su forma de ser, pensar, sentir y actuar se considera a sí misma como hombre, mujer u otro género y puede corresponder o no con su sexo de nacimiento”.

Hay 908.6 mil personas Trans+ de los que 34.8% se identifican como transgénero o transexual.

Ahora, el rechazo social comienza en la familia. Por eso me sorprendió positivamente que el porcentaje de personas LGBTI+ que respondió que la reacción de sus padres al enterarse de su orientación sexual fue de aceptación, respeto o respaldo es del 88.6%.

Mientras que los que respondieron haber recibido ese apoyo y aceptación de sus padres al enterarse de que se consideran con una identidad de género Trans+ es el 83.5%

^{Fuente: INEGI, ENDISEG 2021}

Las reacciones de agresión y desprotección son indeseables, por supuesto. Pero cuando los padres obligan a sus hijos o hijas a ir con un médico, psicólogo o autoridad religiosa es tan grave que ha dejado tristes testimonios en la literatura y el cine.

Como el caso del escritor y activista Garrard Conley, quien siendo hijo de un pastor cristiano fue ingresado a una terapia de conversión para “curarse” de su homosexualidad. Esta experiencia la dejó narrada en el libro Boy Erased: A Memoir, que luego fue llevada al cine en una película con nominaciones a los Globos de Oro y al Premio Oscar luego de estrenarse en el 2018. En español la película se llama Identidad Borrada.

En México estas terapias de conversión comenzaron a legislarse a partir del 2020 y fue la CDMX la primera en presentar y sacar adelante una iniciativa para prohibirlas y modificar el Código Penal para sancionar a quienes participen en ellas. A partir de esto, solamente 8 congresos estatales las han prohibido: Colima, Tlaxcala, Yucatán, Jalisco, Estado de México, Zacatecas, Baja California y Baja California Sur.

A estas terapias se les denomina como “Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género” (ECOSIG) y han sido calificadas por la ONU como actos de tortura. En el Senado de la República desde finales del 2018 se presentó una iniciativa para prohibirlas y sancionarlas, recuerdo a la Senadora Patricia Mercado muy comprometida y activa al respecto junto con otros senadores, y aun así, la iniciativa tiene 4 años en la congeladora y el tiempo sigue corriendo.

En necesaria una armonización de los códigos penales estatales, el compromiso de los congresos locales y muchas voces organizadas para lograr que en todo el país sean castigadas estas prácticas que atentan contra el DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, así en mayúsculas, porque es un derecho humano considerado en varios instrumentos internacionales, además de estar referido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de haber jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En la recapitulación del mes PRIDE, tuve la oportunidad de conversar con Juan Carlos Cuervo Escalona, abogado y consultor en materia de elecciones y protección de derechos; quien durante 19 años fue funcionario del Instituto Nacional Electoral, institución para la que elaboró protocolos de atención a grupos vulnerables. Y que se autodefine como un defensor de la tolerancia y diversidad como método para erradicar todas las formas de violencia.

Lo primero que quise conocer fue su opinión respecto al acercamiento que partidos políticos y empresas han tenido con la comunidad, en el sentido de si este interés se traduce en derechos e inclusión.

Por un lado, y desde la perspectiva de Juan Carlos Cuervo, la población LGBTIQ+ ejerce su poder adquisitivo y esto la vuelve muy atractiva para empresas del sector turismo, moda, bares y restaurantes.

Pero en lo político, siente que hay contradicciones y un aprovechamiento con fines electorales por parte de los partidos políticos que abordan el tema sin estar convencidos de otorgar su apoyo para el libre desarrollo de la personalidad.

“Han habido simulaciones y hemos tenido experiencias muy lamentables con algunos partidos políticos. Por eso debe continuar la concientización y el reconocimiento de que no es un tema de moda ni conveniente, es un tema de aceptación de la otroriedad”, afirma categórico Juan Carlos.

Respecto a la “banderitis” en logos, edificios públicos y un largo etcétera, como experto coincide con otros defensores en que esta presencia de la comunidad LGBTIQ+ es fácil y socorrida como un tema lucidor y políticamente correcto. Pero la bandera no te asegura que seas incluyente, me explica, eso se logra cuando en la institución, empresa u organización se tienen una serie de mecanismos y protocolos para evitar la discriminación a lo interno.

“Poner una bandera LGBTIQ+ es un asunto más de fachada porque es lindo, comercialmente favorable y públicamente aceptado. Y nada cambia si a lo interno prevalecen las políticas discriminatorias”, afirma Juan Carlos Cuervo.

Esta cosmética de los colores de la comunidad queda al vacío cuando no se previenen ni erradican actos de violencia psicológica, además de la física. La comunidad LGBTIQ+ tiene subgrupos y dentro de estos subgrupos los trans han sufrido mucha violencia. Las mujeres trans son las más agredidas ya que sufren la violencia hacia la diversidad y hacia la mujer.

“Las matan por misoginia y transfobia”, señala Juan Carlos y menciona que en Latinoamérica la esperanza de vida de una mujer trans es de 35 años porque mueren asesinadas de manera violenta. Por eso hay esfuerzos para visibilizarlas más.

Cuervo participó en la elaboración de 2 protocolos para personas trans en el INE.

Entre los migrantes también están las personas LGBTIQ+ que huyen de la violencia y discriminación de sus países de origen y para este grupo la oficina de ACNUR (Oficina de Naciones Unidas para Refugiados) en México tiene instalado un Sub-Grupo de Trabajo de Protección para Atención a la Violencia Sexual y Basada en Género.

Otra organización internacional que está trabajando a favor de la comunidad es Human Rights Watch México, que presentó en el mes PRIDE un informe donde destaca que los migrantes LGBTIQ+ corren peligro y condiciones abusivas en nuestro país y mayores obstáculos para cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

Pero también denunció que en Guanajuato las personas trans “sufren discriminación en los ámbitos laboral y educativo, así como importantes impedimentos legales debido a que en el estado no se permite el reconocimiento legal de la identidad del género”.

En su investigación, Human Rights Watch precisa que bastaría con promulgar una ley estatal o dictar un decreto administrativo que habilite el reconocimiento legal de la identidad de género, pero no se hace por una resistencia hacia lo diverso. Además de que en México hay 11 estados más donde las personas trans viven la misma violencia administrativa y de acceso a sus derechos que en Guanajuato.

En tanto sea diferente ser un miembro de la comunidad LGBTIQ+ en la Ciudad de México que en Guanajuato, hay agenda y mucho trabajo por delante para defensores como Juan Carlos Cuervo y tantos más.

Y mientras los migrantes de la comunidad en su paso por México sean agredidos y expuestos a mayores peligros por su orientación sexual o identidad de género, no seremos un país ejemplo de inclusión y respeto a la diversidad.