La economía de nuestro país se enfrenta a distintos obstáculos y riesgos que impidan su crecimiento, de acuerdo con el Banco de México, los principales son: las presiones inflacionarias en el país, los problemas de inseguridad pública y la incertidumbre política interna. No obstante, para el CEESP uno más e igual de importante es el marco regulatorio.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) explicó que los organismos empresariales y muchos empresarios en particular señalan como un limitante del crecimiento. Efectivamente, hay una relación directa entre la calidad de la regulación económica y el crecimiento. Y preocupa que el diseño de la regulación provea poco aliento a la inversión y al dinamismo.
A detalle, un marco regulatorio excesivo, que limita la flexibilidad requerida por el emprendimiento, que privilegia o inhibe sectores o agentes, que dificulta la apertura de negocios o limita la operación de los ya existentes, que se aplica con discrecionalidad y con tramitología excesiva, desalienta la inversión y, por lo tanto, limita el crecimiento económico, la creación de empleo y el bienestar.
se protege a la ciudadanía de los efectos negativos de algunas actividades económicas
los gobiernos mejoran su reputación al hacerse más eficientes y reducir significativamente los niveles de corrupción
los ciudadanos se benefician de trámites agiles y transparentes
los emprendedores tienen la oportunidad de iniciar una empresa en menor tiempo y sin tantos obstáculos
las empresas ya instaladas tienen mayor facilidad de adecuar sus líneas de producción con requisitos menos agresivos
se combate la economía informal
las finanzas públicas se benefician al tener la facilidad de aumentar el numero de contribuyentes sin la necesidad de prácticas fiscalizadoras agresivas
se propicia la seguridad jurídica y de trabajadores, empleadores, proveedores, clientes y/o consumidores
muy importante, se da mayor certidumbre a la inversión y a la generación de empleo
Un marco como el que se busca significará una regulación inteligente que pueda ser aplicada a nivel nacional y subnacional, en municipios y estados.
Una regulación inteligente que proteja los derechos legítimos de los ciudadanos, con beneficios mayores a los costos de su cumplimiento, capaz de crear un ambiente amigable para el desarrollo de actividades productivas y generar valor, además de respetar el medio ambiente, concluyó.
