La pandemia marcó un retroceso en la educación de los estudiantes del país, y de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la cobertura educativa cayó en todos los niveles, pues según cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se estima que al menos un millón 139 mil menores de educación básica dejaron sus estudios en dicho nivel.
En la investigación “Ciclo escolar 2022 – 2023: Hacia la recuperación de la pérdida de aprendizaje”, del CIEP, se señaló que la dependencia federal debe afrontar los retrocesos y brechas educativas con la implementación de estrategias y programas nacionales de recuperación del aprendizaje.
Lo anterior para recuperar las pérdidas de conocimiento y habilidades en el proceso académico de estudiantes de primarias públicas en todo el país, ya que solo en el primer semestre de este año, la SEP ejerció 24 mil 927 mdp menos de lo programado para ese periodo; además, el gasto público en este rubro es del 3.1% del PIB, el nivel más bajo de la última década.
Vale la pena mencionar que mientras el Banco Interamericano de Desarrollo recomienda que el gasto público en educación sea de entre 4 y 6% del PIB, como viste, en México, el nivel de ese gasto es más bajo.
Dicho esto, el Centro de Investigación Económica apuntó que extender las medidas tomadas por las autoridades educativas requieren de una inversión, pues extender la jornada escolar al menos una hora para implementar programas de recuperación de las pérdidas de aprendizaje, podría requerir de al menos 12 mil 677 mdp.
Eso solo para realizar una evaluación de aprendizajes, pues se requiere cubrir esa hora adicional de salario de los 503 mil docentes de primarias públicas que hay en el país, durante al menos un año.
Finalmente, el CIEP destacó que aunque estamos en un escenario donde casi 25 millones de estudiantes de educación básica regresaron a las aulas con la implementación de un nuevo programa de estudios, aún no existe una estrategia de recuperación de aprendizajes o política que aborde la caída de la matrícula escolar, así como la priorización del bienestar psicosocial de los alumnos.
