Economía avanza, finanzas públicas no

La transparencia en el ejercicio de los recursos públicos es una característica esencial del proceso presupuestario en las democracias

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 .  (Foto: iStock)

El informe sobre las finanzas y la deuda pública del primer trimestre de 2023 indicó que la economía siguió creciendo al acumular seis trimestres ininterrumpidos al alza, además de afirmar que el crecimiento trimestral de 1.1% del PIB fue “algo no visto desde 2018”.

No obstante, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) indicó que esto es cierto siempre y cuando se compare con el mismo lapso de cada año, aunque esta aseveración es errónea si se observa que en el primer trimestre del año pasado el PIB creció 1.2%. Aunque este sería su segundo mayor avance desde el año que se menciona -la comparación es sesgada-, la economía está lejos de una situación favorable. 

En materia de empleo señaló que, gracias a las reformas laborales recientes, se mantuvo un importante dinamismo, toda vez que, según cifras del IMSS, en el primer trimestre del año se generaron 423 mil plazas de trabajo, cifra histórica desde 1982. 

Otra perspectiva es que, con la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en lo que va del sexenio la población ocupada aumentó en 5.5 millones de personas, mientras que la formalidad a través del IMSS, lo hizo en solo 1.7 millones.

El informe afirma que las finanzas públicas tuvieron un buen desempeño superando las expectativas programadas. Aunque los resultados a nivel del déficit agregado y la deuda pública parecen alineados al presupuesto del año, hay signos de preocupación.

Detalló que en el primer trimestre del año los ingresos totales del sector público sumaron 1,743 miles de millones de pesos (mmp), cifra 117 mmp inferior a lo programado, lo que significó una caída de 5.5% en términos reales respecto al mismo lapso del año pasado. 

“Un análisis de información disponible en el margen presagia problemas de insostenibilidad y riesgos de suficiencia en las finanzas públicas para lo que resta de la administración. Al considerar el acumulado de los ingresos de los últimos doce meses en comparación con el acumulado previo, se aprecian bajas significativas en su crecimiento desde enero pasado, lo que refleja una merma de ingresos en el margen en lo que va del año”, puntualizó. 

A detalle, el gasto programable se redujo en 10.9% anual, con caídas en 16 de los 26 ramos administrativos que lo integran. Sobresalen las disminuciones de 74.8% en energía, 43.1% en trabajo y previsión social, 40.0% en turismo, 19.1% en salud, 9.8% en bienestar y 7.2% en educación, entre otras.

Algunos de los programas y proyectos prioritarios del gobierno también sufrieron ajustes a la baja respecto al calendario previsto para el primer trimestre. Por ejemplo, el programa de fertilizantes ejerció un gasto inferior en casi 5 mmp; el programa de producción para el bienestar 1.1 mmp menos; el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores fue 1.6 mmp menor; y el subejercicio más significativo fue el gasto en el tren maya, que resultó 38.5 mmp menor al programa.

Por su parte, el aumento del costo del servicio de la deuda pública representa un riesgo significativo para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Durante el primer trimestre acumuló 258.3 mmp, 46.3% más que un año antes.

Finalmente, el CEESP señaló que la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos es una característica esencial del proceso presupuestario en las democracias. Pero la información sobre la evolución del gasto en los proyectos insignia del gobierno en los que se ha erogado la mayoría de los recursos no comprometidos formal o informalmente ha sido irregular y en algunos casos simplemente inexistente.  

Por lo cual, es muy importante tener un organismo autónomo encargado de garantizar el acceso a la información y promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas como lo ha hecho el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Esto sin duda limita un análisis exhaustivo del presupuesto público por parte de la ciudadanía, de las mismas instancias oficiales, así como de organismos privados dedicados a su análisis, con la posibilidad de establecer escenarios equivocados o con objetivos políticos”, sentenció.