¿A dónde va la inversión pública en México?
El IMCO recomendó transitar hacia una inversión pública en energías renovables
Finanzas
Hablar de inversión pública es primordial para actualizar su definición y mejorar su medición y utilidad, ya que esta es clave para el crecimiento y desarrollo económico del país, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que analizó en qué es en lo que se invierte en México.
Si bien, el IMCO señaló que apostar por proyectos de infraestructura que mejoren la calidad de vida, aumenten la conectividad e impulsen la productividad es clave en materia de inversiones, también añadió que en el país, la inversión subnacional depende de la inversión federal.
Solo de 2015 a 2021, esta última representó 76% de la inversión pública total en los estados, mientras la subnacional se ha mantenido consistentemente por debajo de un tercio, asimismo, mientras la recomendación internacional es apostar por las energías renovables, en México se sigue pasando de largo en ese tema.
De acuerdo con esto, en el país, el sector que mayor proporción de inversión pública recibe -con casi tres cuartas partes del total-, es el de hidrocarburos, pese a que las proyecciones de oferta y demanda se han dirigido hacia la inversión en energías renovables a favor de la sostenibilidad energética y limitación de emisiones de gases de efecto invernadero.
Por otro lado, el Instituto añadió que “la inversión pública difícilmente puede medirse para rendir los frutos que requiere”, ya que el marco regulatorio se refiere solamente a la obra pública, en vez de incluir “infraestructura de manera más amplia como lo hacen las mejores prácticas internacionales”.
Asimismo, existen discrepancias y ambigüedades sobre cómo se mide la inversión pública a nivel federal, por ello, el IMCO Propuso cambiar desde la ley, la definición actual de inversión pública, así como erradicar las discrepancias y ambigüedades en la medición de la inversión pública entre entidades y Federación para mejorar su gestión.
Además, se propuso identificar las necesidades en infraestructura de los estados para poder aumentar y enfocar su propia inversión, revisar los criterios y mecanismos de distribución de los recursos en inversión pública que destina el gobierno federal hacia los estados y transitar hacia una inversión pública en energías renovables.