La insolvencia empresarial es un fenómeno que afecta a compañías de todo el mundo en algún momento de su existencia, pues básicamente se relaciona con la insuficiencia de activos líquidos para hacer frente a las obligaciones. En nuestro país no es un fenómeno desconocido para los pequeños, medianos y grandes empresarios; sin embargo, el número de asuntos bajo el régimen legal mexicano muestra otra realidad.
El Instituto Federal de Concursos Mercantiles reporta que a finales de 2022 se han tramitado 903 concursos de esta índole desde la entrada en vigor de la ley (IFECOM, 2022). Estos números, de ninguna manera, reflejan la situación de las empresas en México, los problemas de insolvencia que diversas pequeñas, medianas y grandes empresas han enfrentado a lo largo de 22 años. ¿Entonces, dónde radica la inexistencia de asuntos?
Esta realidad se atribuye parcialmente a la posibilidad de algunas empresas mexicanas para recurrir al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos, porque prevé un procedimiento que ofrece protección y beneficios a las empresas para reestructurarse financieramente, mediante mecanismos que son más ágiles y relativamente sencillos a los que ofrece la Ley de Concursos Mercantiles en México.
El capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos se ha convertido en una opción atractiva para las empresas mexicanas en situación de insolvencia por varias razones. En primer lugar, el sistema judicial estadounidense es conocido por su experiencia en casos de quiebras, lo que puede generar mayor confianza en el proceso. Esto ofrece un ambiente de más seguridad y transparencia en el proceso que para los acreedores extranjeros.
Otra razón detrás de esta preferencia es la facilidad con que se inicia el procedimiento y se accede a una suspensión automática de obligaciones vencidas, así como el acceso al financiamiento, que en conjunto permite a las empresas recapitalizarse y reestructurar su operación. Las empresas que recurren al Capítulo 11 pueden obtener financiamiento más fácilmente, principalmente por el régimen de prelación que se ofrece, quienes financian a la empresa insolvente tienen privilegio sobre cualquier acreedor (Jimenez and Gallup, 2019).
Sin obstar los beneficios del Capítulo 11, no es posible generalizar el fenómeno de la existencia de pocos procedimientos concursales en México. No todas las empresas mexicanas pueden acceder a ese procedimiento. Entonces, el fenómeno mexicano también debe analizarse a la luz de los desafíos internos.
Un problema muy sonado es el número de desechamientos de las solicitudes o demandas del concurso mercantil, muchas ocasiones por formalismos procesales. Tan solo en el periodo entre el 1 de diciembre de 2021 al 30 de noviembre de 2022 se desecharon 69 demandas y/o solicitudes de concurso mercantil. En contraste, se iniciaron 58 procedimientos concursales (IFECOM, 2021 y 2022).
Otro aspecto legal que dificulta el acceso de las empresas mexicanas al procedimiento concursal es la falta de certeza. La Ley de Concursos Mercantiles no prevé una suspensión automática del cumplimiento de obligaciones con la admisión de la demanda o solicitud. Además, en el caso de los financiamientos, aunque la Ley los prevé, existen otros obstáculos legales para otorgarlos y la prelación no es absoluta, lo que desalienta este tipo de financiamientos.
La especialización y experiencia que los asuntos de insolvencia empresarial exigen y que aún está en desarrollo, es otra importante limitante. En este sentido, es destacable el esfuerzo de la Judicatura Federal con la creación de juzgados de distrito especializados en concursos mercantiles, lo que permitirá ir generando una práctica más sólida y formando precedentes legales que fomenten la certeza jurídica.
En México debemos continuar impulsando las reformas necesarias a la Ley de Concursos Mercantiles, y trabajar en la mejora del sistema. Además, es necesario invertir en la formación y capacitación de jueces y profesionales legales especializados en concursos mercantiles, tomando mano de la experiencia de otras jurisdicciones y las instituciones de formación profesional como IWIRC México, la Barra Mexicana de Abogados y ANADE.
Aunque el Capítulo 11 de Estados Unidos ofrece ventajas atractivas, nuestra labor es fomentar un sistema de concursos mercantiles confiable y eficiente. Esto requerirá reformas legales, inversiones en capacitación y esfuerzos significativos para mejorar la percepción de la justicia en el país. Solo entonces las empresas mexicanas podrán sentirse seguras al enfrentar la insolvencia en su propio territorio, en lugar de buscar soluciones en el extranjero.
Referencias:
IFECOM (2022). Estadísticas en Materia Concursal. Cifras del 1 de diciembre de 2021 al 31 de mayo de 2022.
IFECOM (2022). Estadísticas en Materia Concursal. Cifras del 1 de junio de 2022 al 30 de noviembre de 2022.
Jiménez, Pedro and Gallup, Joy (2022). “Chapter 11 as a Restructuring Option for Latin American Companies”. Latin Lawyer.
