Pro bono legal en México: normas y dispersión

Ante las grandes diferencias y necesidades sociales que tenemos en México, el trabajo Probono legal tiene una relevancia y un papel histórico para desempeñarse, no solamente por parte de los grandes despachos. El talento y práctica que aportan los abogados de manera gratuita a causas sociales o individuales contribuye a la culturalización de la legalidad.

Entre los abogados hay quienes se concentran en las causas sociales a través de organizaciones de la sociedad civil, pero algo que he aprendido entre los protectores de animales son sus dichos de batalla: “una vida a la vez”, “cada vida transforma otras vidas”. 

Si ninguna abogada hubiera apoyado a Rocío García Ramírez en su desigual batalla legal contra una empresa multinacional, no tendríamos el primer presente de derecho a la No Discriminación Laboral por Discapacidad que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

DIFERENCIAS DEL PRO BONO LEGAL ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

El trabajo Pro bono legal es una práctica común en ambos países, gratuidad o tarifas simbólicas para grupos o personas vulnerables. Pero ambas prácticas se realizan en contextos muy desiguales, algunas de las principales diferencias generales:

En Estados Unidos, las campañas de comunicación a favor del pro bono, como las que realiza la American Bar Association (ABA) son fundamentales para crear conciencia y promover la participación de la abogacía con recursos o talento. 

UNA ABOGADA PIONERA Y PREMIADA 

Un esfuerzo global es el de la International Bar Association (IBA), fundada en 1947 para contribuir a la estabilidad y paz mundial a través del acceso a la justicia. La IBA otorga cada año un reconocimiento por el trabajo pro bono y la abogada mexicana Elba Gutiérrez Castillo recibió a finales del año pasado en Miami el Premio Pro bono 2022 por su posición pionera en el despacho Greenberg Traurig.

Elba Gutiérrez es una abogada dedicada exclusivamente al trabajo pro bono y desde el año 2017 desarrolló el Programa Pro Bono de la oficina de Greenberg Traurig en la Ciudad de México. A finales de ese año 2022, tenía registradas cerca de 15 mil horas por servicios legales gratuitos a organizaciones y personas, con litigios estratégicos, colaboraciones con OSC’s y organismos de Naciones Unidas. 

En tiempos de crisis migratoria, Elba Gutiérrez y su despacho han representado a más de 120 refugiados en México. 

MÉXICO HACIA UNA ESTANDARIZACIÓN 

La colegiación del trabajo pro bono mexicano no tiene un único proceso, pero un paso indispensable es la participación de los colegios locales y la vinculación con facultades y escuelas de derecho, además de organizaciones de la sociedad civil como un puente necesario para identificar los casos que van dirigidos a quienes realmente lo necesitan. 

Un buen ejemplo de “clearinghouse” exitoso es la Fundación Appleseed México, A.C., que en el año 2008 creó la Red Pro bono México, donde actualmente participan 72 firmas legales para contribuir de manera organizada en casos que representen acceso a la justicia y fortalecimiento de la cultura legal. 

Revisando lo hecho hasta ahora, encuentro sólidos avances colegiados, algunos protagonismos individuales y una concentración de la actividad pro bono en 3 ciudades capitales. Con este mapeo, volví a mi casa editorial para platicar con la abogada fiscal Eréndira Ramírez Vieyra, Editora general de IDC Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral - Información Dinámica de Consulta, quien tiene más de 30 años dialogando con colegios de abogados y profesionales del derecho. 

“Nos hace falta la colegiación obligatoria de los profesionistas, de cualquier área profesional, pero en el caso de los abogados en específico y del pro bono en materia de abogacía, la colegiación permitiría a través de una regulación obligatoria establecer lineamientos generales para el pro bono. Algunas organizaciones han establecido de manera voluntaria estándares para identificar los principios sobre lo que debe entenderse por trabajo pro bono, para que sea más profesional, organizado y no solamente la asesoría o consultoría que nace del corazón”, explicó Eréndira Ramírez. 

Hace falta que los estándares tengan una regulación obligatoria, para que las personas que acuden a estas organizaciones, principalmente las universidades, ofrezcan un servicio profesional que vaya más allá del estudiante o del profesional de menor jerarquía en el despacho. Todo el despacho legal debe estar comprometido con su trabajo pro bono, subrayó. 

Es indispensable una definición generalizada, aceptada a nivel nacional respecto a lo que se identifica como trabajo pro bono, lo que seguramente no incluye dar clases o escribir un libro, aunque la publicación tenga como finalidad orientar a las personas. La definición sobre qué debe considerarse como trabajo pro bono es un paso para estandarizar el concepto.

“Hay organizaciones que lo han realizado de manera voluntaria, principalmente colegios de abogados. Pero nos falta que estos estándares también se establezcan en una regulación,  a efecto de que quienes acuden a universidades, por ejemplo, ofrezcan el servicio con abogados actualizados. Una parte de nuestra sociedad no tiene acceso a la justicia ni a la asesoría legal para algunos trámites como los de sucesión. Y eso lleva a una mayor desigualdad social. Ahí está el valor de lo que aportamos como abogadas y abogados a través del trabajo pro bono”, afirmó Eréndira Ramírez.

El efecto más importante que tendría una estandarización nacional es colegiar a los abogados y hacerla obligatoria, con sus disposiciones legales y elementos necesarios para dar a conocer y promover lo que debe entenderse por trabajo pro bono, cómo cuantificar y qué estímulos pueden recibir los despachos y particulares que mejor cumplan. Premios y distinciones, pero lo deseable es que se logren estímulos educativos para la formación continua de la abogacía.  

El actual esfuerzo de estandarización se le debe a colegios de abogados como La Barra Mexicana de Abogados, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, que se han unido y establecido ciertos estándares pro bono. Pero con todo y este esfuerzo, la mayoría de la población de bajos recursos y/o de zonas marginadas, no saben que se ofrecen ese tipo de servicios ni cómo acceder a ellos.

Por otra parte, la mayoría de los abogados y abogadas egresadas de escuelas y facultades de derecho desconocen si están obligados, más allá de su propio sentido del deber moral, a ofrecer su servicio profesional gratuito; no saben quién se los reconoce o cuándo lo que se realiza es solamente una orientación. 

“Es muy importante que las respuestas a qué es y cómo hacerlo vengan de las universidades y colegios. Porque es en las prácticas profesionales donde se perfilan estas reglas y los compromisos del profesional que ofrece estos servicios. Ese es el momento para que perciba y conozca los beneficios que obtiene al hacerlo, como parte de su responsabilidad social y de que la sociedad lo vea como una parte importante del fortalecimiento al acceso a la justicia”, mencionó Eréndira Ramírez.

La estandarización del trabajo legal pro bono también está vinculada al cumplimiento de los criterios y políticas ESG (Environmental, Social and Governance) del despacho y para el fortalecimiento de la relación con clientes que los adoptan. 

Ahora, cuando hablamos de estándares pro bono, nos referimos a las reglas generales del trabajo pro bono, y estas reglas generales no deben ser apropiadas por ciertos grupos, ahí está la importancia de que sea regulado el trabajo pro bono legal.  En la experiencia de Eréndira Ramírez, hay abogados que comienzan con un asunto pro bono pero desertan cuando el tiempo para resolverlo es mayor al que estimaron inicialmente. O dejan como encargado a su asistente o pasante. 

La presencia de normas y reglas serán una guía para que la práctica pro bono se registre y logre los objetivos más nobles, la ayuda importantísima de la abogacía para que se cumplan nuestros derechos y tengamos acceso a una justicia pronta y gratuita, como está escrito en la Constitución. 

Una reflexión final de Eréndira Ramírez es sobre la dispersión del trabajo legal pro bono, la concentración de esta actividad en las principales ciudades capital del país solamente ahonda en la desigualdad económica y social existente. Sería deseable que la relación entre el nivel de pobreza de una entidad y el nivel de trabajo legal pro bono que reciben sus habitantes fuera proporcional, así, las ciudades con mayor organización de pro bono legal serían San Simón Zahuatlán, en Oaxaca; o Cochoapa el Grande, en Guerrero. Dos de los municipios más pobres del país. 

Mencionar los pendientes, me obliga a reconocer lo hecho hasta ahora: redes pro bono, estándares, burós gratuitos universitarios, colegios dialogando y organizaciones sin fines de lucro para servicios legales. Ante esto, ¡Gracias abogados y abogadas!