Las recientes cifras del Producto Interno Bruto (PIB) han encendido alarmas en el ámbito financiero. Según la estimación oportuna del INEGI para el cuarto trimestre del 2023, el crecimiento económico fue de apenas un 0.1%, marcando el menor avance en los últimos nueve trimestres.
Estos números, significativamente inferiores a las proyecciones de los especialistas, revelan un debilitamiento de la actividad económica que se ha venido gestando, tal como anticiparon informes previos.
A lo largo de 2023, la economía mexicana logró un avance del 3.1%, aunque ligeramente por debajo de las expectativas más recientes. A pesar de las mejoras paulatinas en las expectativas para el 2024, existe una percepción generalizada de un menor ritmo de avance, con pronósticos que apuntan a un crecimiento más cercano al 2.0% a mediano plazo, según diversas fuentes como la Encuesta de Expectativas del Banco de México y el Fondo Monetario Internacional.
Este debilitamiento de las expectativas económicas refleja la ineficacia de las políticas públicas implementadas para impulsar el crecimiento. Desde la constante confrontación del gobierno con el sector privado hasta la cancelación de proyectos clave, la incertidumbre para invertir se ha incrementado sustancialmente, enfatizó el Centro de Estudios Económicos y Sector Privado (CEESP).
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A pesar de mejoras percibidas en el ambiente de negocios debido a procesos de relocalización, persisten obstáculos que hacen que el sector privado sea cauteloso en la asignación de recursos para inversiones.
Entre estos obstáculos, la inseguridad se consolidó como un factor clave que obstaculiza el crecimiento económico. A pesar de los esfuerzos oficiales por reducir la violencia, los niveles inéditos de violencia, el fortalecimiento del crimen organizado y la constante impunidad han generado un ambiente de creciente intranquilidad y preocupación.
Frenos para la inversión
Según expertos en economía del sector privado, la inseguridad pública se ha convertido en el principal obstáculo para la inversión y el crecimiento.
Las políticas fallidas en materia de seguridad, aplicación del estado de derecho y combate a la corrupción e impunidad han contribuido a esta problemática.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI revela que, en el tercer trimestre del 2023, el costo de la inseguridad y el delito en los hogares representó el 1.1% del PIB, mientras que el Global Peace Index 2023 señala que el costo de la violencia en México equivalió al 11.0% del PIB en dólares.
El impacto económico de la inseguridad se traduce en una limitación de flujos de inversión, lo que a su vez inhibe el crecimiento, limita la creación de empleo formal y favorece la precarización laboral.
Empresas enfrentan regulaciones inadecuadas, cambios frecuentes en las reglas del juego y obstáculos para participar en sectores considerados exclusivos del estado; sin embargo, la inseguridad se eleva como un desafío aún más apremiante.
Las compañías, tanto nacionales como internacionales, requieren un entorno donde se sientan seguras para comprometer recursos en inversiones que impulsen el crecimiento, el empleo y el bienestar de la sociedad, aseveró el CEESP.
