En un entorno en el que México se posiciona como un destino muy atractivo para empresas que desean relocalizarse, un objetivo fundamental debe ser fortalecer la estabilidad macroeconómica, poniendo especial atención en acciones que contribuyan a mantener la estabilidad de las finanzas públicas a través de una eficiente asignación de los recursos, pero también del fortalecimiento de las fuentes de ingresos recurrentes y de largo plazo, indicó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
“Ello es necesario para la sostenibilidad fiscal, ya que hasta ahora las finanzas públicas y su estabilidad han descansado en mucho en ingresos de una sola vez y en el sólido perfil de vencimientos de la deuda pública” subrayó el instituto.
Asimismo, aseveró que se requieren múltiples acciones que contribuyan a un ambiente de negocios atractivo para la inversión, así como a condiciones propicias para darle seguridad e infraestructura propicia a las inversiones.
Refirió que de acuerdo con el World Justice Project, “Un estado de derecho eficaz reduce la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades y protege a las personas de injusticias grandes y pequeñas. Es la base de comunidades de justicia, oportunidades, y la paz, sustentando el desarrollo, el gobierno responsable y el respeto por los derechos fundamentales”.
No obstante, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho WJP 2023, elaborado por el World Justice Project, México se ubicó en la posición 116, de un universo de 142 naciones, como uno de los países con mayor debilidad en materia de estado de derecho que, si bien significó la pérdida de sólo un lugar respecto el reporte previo, comparado con 2019 muestra una pérdida de 17 posiciones. México ocupó lugares significativamente bajos en siete de los ocho factores que integran este indicador, resaltando cuatro temas que hacen evidente la gravedad de la situación de nuestro país: En materia de corrupción, México se ubicó en el lugar 136; en justicia criminal en el 132; en justicia civil en el 131 y en orden y seguridad en el 133.
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En este contexto, el CEESP destacó que las propuestas de campaña deben ser claras, creíbles, concretas y contundentes, sobre todo, cuando estamos experimentando un entorno con niveles significativos de corrupción, impunidad e inseguridad.
Por ello, indicó, sería útil que, durante el periodo electoral rumbo a la presidencia, se consideraran propuestas de acciones específicas, planeadas y estructuradas para sanear el entorno de corrupción, impunidad e ilegalidad que persiste en el país.
Recordó que al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, las autoridades anticipaban que al cierre del sexenio la economía crecería al 6%, pero las previsiones apuntan a que el crecimiento será de solo una tercera parte de lo previsto, aún con la expectativa favorable del efecto del nearshoring.
“Es obvia la necesidad de establecer un robusto estado de derecho, claro y sólido que contribuya a generar un ambiente seguro para un mejor y más amplio desarrollo de la actividad económica del país. Asimismo, la obligación de las autoridades es asegurar un proceso electoral transparente y el de los candidatos proponer políticas públicas adecuadas y de largo plazo”, concluyó.
