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La violencia económica afecta la estabilidad y autonomía de las mujeres, limita su desarrollo y requiere acciones coordinadas para prevenirla y atenderla
La violencia económica es una de las formas menos visibles de agresión contra las mujeres, pero también una de las más persistentes. No siempre deja marcas físicas, pero sí afecta profundamente en la vida cotidiana, las decisiones patrimoniales y las oportunidades de desarrollo.
En México, esta forma de violencia está reconocida jurídicamente en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ( LGAMVLV ), y forma parte del análisis institucional para garantizar que las mujeres ejerzan plenamente su autonomía económica. Por ello, su identificación es clave para romper ciclos de dependencia que pueden prolongarse durante años y afectar a familias enteras.
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¿Qué es la violencia económica y cómo se manifiesta?
De acuerdo con la revista Proteja su Dinero de la Condusef la violencia económica ocurre cuando una persona limita, controla o restringe el acceso de la mujer a sus recursos, bienes o ingresos, el cual está tipificado en el artículo 6 de la LGAMVLV. Asimismo, se logra identificar seis características de este tipo de agresiones:
- Prohibirle trabajar o estudiar
- Supervisar cada gasto
- Controlar su salario
- Negar recursos básicos del hogar
- Retener ahorros o bienes compartidos
- Endeudar sin su consentimiento
Todas estas acciones tienen un objetivo común, disminuir su capacidad de decisión y colocarla en una condición de dependencia financiera. Por su parte, en el ámbito laboral, esta violencia se complementa con prácticas estructurales que siguen afectando de forma desproporcional a las mujeres, como la persistencia de brechas salariales, obstáculos para acceder a puestos de mayor responsabilidad, menor reconocimiento del trabajo no remunerado y ausencia de corresponsabilidad familiar.
De acuerdo con el análisis institucional de Inmujeres, estas desigualdades fortalecen el terreno donde la violencia económica se reproduce, pues impiden que las mujeres cuenten con ingresos propios, activos patrimoniales o redes de seguridad financiera.
La violencia económica no
solo limita la independencia diaria, también rompe proyectos de vida, frena la
movilidad social y debilita la posibilidad de construir patrimonio propio.
Identificarla es el primer paso para revertir el daño y recuperar la autonomía.
Acciones para identificar, prevenir y revertir la violencia económica
Prevenir y enfrentar esta forma de violencia, el Instituto de las Mujeres compartió acciones que se pueden impulsar desde los hogares, los centros de trabajo, las comunidades y las instituciones. Cada una contribuye a reconocer patrones de control, fortalecer capacidades financieras y promover entornos igualitarios. Entre las acciones más relevantes se encuentran:
- Revisar y valorar el trabajo no remunerado dentro del hogar, reconociendo su aporte económico y evitando que sea utilizado como herramienta de control.
- Llevar un registro personal de ingresos y gastos para comprender la situación financiera propia y evitar que otra persona imponga decisiones económicas.
- Evitar aceptar créditos, deudas o compromisos financieros propuestos por otra persona sin información clara o sin tomar parte en la decisión.
- Solicitar orientación legal en casos donde existan bienes compartidos, deudas mancomunadas o decisiones patrimoniales que generen preocupación.
- Impulsar prácticas laborales que promuevan igualdad salarial y oportunidades reales de crecimiento para mujeres en todos los niveles organizacionales.
- Implementar protocolos y políticas laborales que sancionen actos de discriminación y fomenten la corresponsabilidad familiar para equilibrar cargas de trabajo.
- Fortalecer la educación financiera con perspectiva de género, proporcionando herramientas para administrar recursos, ahorrar e invertir de forma independiente.
Estas acciones permiten que las mujeres desarrollen mayor seguridad económica y tomen decisiones informadas sobre su dinero. Sin embargo, para que tengan un impacto profundo, deben acompañarse de esfuerzos comunitarios que visibilicen el problema y promuevan entornos seguros para denunciar. La falta de reconocimiento y la normalización cultural son factores que prolongan esta violencia y dificultan que las víctimas identifiquen lo que están viviendo.
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