El tercer ojo del SAT

El órgano gubernamental en México que más ha aprovechado el valor de la tecnología es el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha generado robustos procesos de detección de irregularidades con un amplio aprovechamiento de la información electrónica.

Con ello ha priorizado la identificación e integración de expedientes con antecedentes, vínculos, redes, beneficiarios de los fraudes fiscales, previo al inicio de las facultades de comprobación.

La información de contribuyentes y terceros constituye una herramienta de control imprescindible para combatir la evasión y el fraude fiscal; bien organizada y utilizada adecuadamente cualquier fisco obtendrá resultados exitosos en su función de fiscalización.

Los sistemas utilizados por el SAT permiten identificar a los grandes grupos de contribuyentes incumplidos, para detonar acciones  específicas de manera automática para intervenciones rápidas  y con alta cobertura territorial. El análisis de la información focalizado en grupos de mayor riesgo le permite identificar esquemas agresivos y conductas complejas de evasión y ahora también de lavado de dinero.

Las reformas realizadas en 2014 al CFF, en las que se fortalece la comprobación fiscal con los llamados CFDI, el envío de la contabilidad electrónica y la posibilidad de realizar auditorías electrónicas, han robustecido las facultades de las autoridades fiscales bajo el cobijo de la ley; mismas que a su vez ha sido avaladas con las últimas tesis y jurisprudencias de la Suprema Corte que han confirmado la legalidad de las obligaciones impuestas a los contribuyentes y de las de acciones permitidas al fisco federal por el Congreso de la Unión, aun cuando para el causante y sus asesores estas acciones no otorgan seguridad ni certeza jurídica.

La tecnología no solo le ha permitido al SAT tener una mayor fiscalización de los ingresos sino también de las devoluciones y compensaciones solicitadas por los causantes, ya que son estas son sometidas a modelos de riesgo utilizando la información que brindan terceros a través de los CFDI, lo que en su caso detona actos de fiscalización de los saldos solicitados, devueltos o compensados.

La obligación de expedir el CFDI en todas las operaciones realizadas y el valor probatorio que este documento digital tiene para comprobar cualquier acto que se desee dar efectos fiscales, incluso con mayor fuerza que el contrato o una escritura pública, ha incrementado la recaudación y facilitado la fiscalización, a costa de las propias relaciones comerciales de las empresas.

El CFDI es hoy por hoy el rey de las herramientas de fiscalización en México. Toda operación con efectos fiscales debe estar respalda con este documento que constantemente sufre cambios en los complementos que lo integran, mismos que son dados a conocer por medio de la página de Internet del SAT.

Estos cambios son un dolor cabeza para el contribuyente que debe implementar ajustes administrativos para llevarlos a cabo. De muestra baste un botón, la puesta en marcha del nuevo complemento de nómina  fue anunciada en el tercer trimestre de 2016 y hasta marzo de 2017 entró en pleno vigor dada la complejidad de su implementación, e incluso a la fecha se indica que un alto porcentaje de los contribuyentes obligados, entre ellos varios del sector gubernamental, no han podido cumplir con dicha obligación, a pesar que su omisión tiene como consecuencia la no deducibilidad de la nómina: el gasto deducible de más impacto de las empresas.

Como parte de las afectaciones de los cambios reiterados en los comprobantes, se argumenta las cargas financieras, el costo de tiempo del personal para vigilar el cumplimiento de las obligaciones impuestas, la capacitación del personal e incluso el quebranto de operaciones comerciales ante la insistencia de exigir ciertas formalidades en estos documentos para realizar los pagos respectivos o solicitar información que debe adicionarse al documento que resulta innecesaria para la operación  y que no se justifica su requerimiento.

Lejos están aquellos tiempos en que las empresas rogaban al SAT la puesta en marcha de la factura electrónica como una forma de agilizar sus operaciones e incluso el contribuir a disminuir el uso del papel: hoy el CFDI es el mejor auditor del SAT y el contribuyente lo paga.