La propuesta sobre crear una zona económica en la frontera norte del país y disminuir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 8%, que hizo Carlos Urzúa Macías, quien será titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el próximo gobierno federal, implicará poner aduanas interiores, cambiar la administración para evitar la evasión fiscal y que pueda entrar en conflicto con las Zonas Económicas Especiales (ZEE), proyecto para impulsar el desarrollo económico de los estados del sur-sureste, coincidieron especialistas.
Urzúa Macías expuso que Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y Reynosa son algunas de las ciudades que entrarían en la franja de unos 30 kilómetros de extensión que tendrían un IVA diferenciado luego de que se asuma la próxima administración federal el 1 de diciembre.
“Lo que proponen implica tener una administración diferente con otros controles, se deberán instalar aduanas interiores; sin embargo, se complica el control administrativo”, afirmó a El Economista, Marcos Pérez Valtier, especialista en estudios económicos, integrante del Colegio de Economistas de Nuevo León.
A su vez, Manuel Villalón López, miembro del Consejo del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Grupo Monterrey, coincidió en que las aduanas interiores que se instalaron cuando hubo tasas diferenciadas del IVA en la frontera norte, procuraron que el impuesto tuviera un efecto de recaudación.
Sin embargo, reiteró que “tiene que haber más controles y reglas claras para desincentivar la elusión fiscal”, porque ya ocurrió que algunas empresas pretendieron evadir impuestos.
Incentivos
En el Proyecto de Nación 2018-2024 de Andrés Manuel López Obrador se plantea la Zona Estratégica Norte para rescatar el potencial de una región que ha perdido capacidad económica en las últimas décadas.
Los principales puntos del proyecto son el plan de desarrollo integral con régimen de zona libre que maximice flujos comerciales y de inversión; coordinación de la inversión federal para definir la participación de las ciudades fronterizas; régimen de baja tributación con 20% de Impuesto sobre la Renta a empresas e IVA de 12%, equivalente a la carga impositiva sobre ventas en los territorios sureños de Estados Unidos de entre 7 y 8%, y el desarrollo de parques industriales y de servicios.
Dentro de uno a tres años, las metas del proyecto son la captura de un porcentaje del comercio de menudeo y de servicios en la zona fronteriza estadounidense por 5,000-10,000 millones de dólares; retención en el corto plazo de parte de la pérdida de participación de consumo de mexicanos de 15,000 millones de dólares en la última década; aumento del porcentaje de inversión del Producto Interno Bruto regional de 18 a 24%, y atracción en dos años de Inversión Extranjera Directa de 5,000 a 10,000 millones de dólares.
“Me parece que es una propuesta acertada, considerando que los impuestos al consumo del otro lado de la frontera más o menos se ubican en las mismas tasas, puesto que las fronteras han perdido dinamismo industrial y comercial”, dijo Villalón López.
Por otra parte, una zona franca va a impulsar la economía, ya que si una maquiladora se traslada a esa zona se le facilitan mucho los trámites de materia prima porque no es una importación la que se va a registrar, indicó Pérez Valtier.
“Los negocios de maquila se verían beneficiados, les ayuda a la competitividad, pero tendríamos que esperar para saber qué definiciones hay y qué paquete de estímulos proponen en específico”, dijo.
En su opinión, una buena parte de maquiladoras se instalaron en esta zona en los años 90; sin embargo, por problemas de inseguridad y falta de infraestructura, las nuevas inversiones se han ubicado en Nuevo León, Bajío y Occidente.
Por ello, dijo que de aplicar la tasa de 20% beneficiará a maquiladoras, otras actividades industriales y productivas.
ZEE
De llegar a implementarse los cambios fiscales antes mencionados, se tendría que cuidar que no pelee con los programas de las ZEE promovidos por el presidente Enrique Peña Nieto, puesto que se trata de zonas con potencial, pero marginadas en el país, añadió el miembro del Consejo del IMEF.
La primera etapa del proyecto de ZEE finalizó con las declaratorias de Puerto Chiapas, Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas-La Unión, Salina Cruz, Progreso, Tabasco y Campeche. Las primeras cinco zonas tienen un potencial de inversión de 6,993 millones de dólares, con una generación de 22,822 empleos; para Tabasco y Campeche, la primera inversión oscila entre 80 y 136 millones, aunque el potencial que se muestra en los dictámenes asciende a 1,500 y 3,670 millones, respectivamente.
