El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instó al SAT a dar a conocer los montos que por concepto de ISR fueron devueltos a estados y municipios en 2016, 2017 y 2018.
Indicó que la información deberá estar desglosada por año, nombres de ayuntamientos y entidades beneficiarias, fundamento legal bajo el cual se solicitó la devolución y los conceptos por los que se hicieron los reembolsos.
Al presentar el tema durante la sesión ordinaria del pleno del INAI, el comisionado Joel Salas Suárez consideró que ese tipo de información permitirá al SAT demostrar que las devoluciones de impuestos, a cualquier tipo de contribuyente, están debidamente justificadas.
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Señaló que un particular solicitó al SAT los conceptos bajo los cuales se han hecho devoluciones de ISR a municipios y estados, cuáles son los montos restituidos, desglosados por conceptos en los últimos tres años.
En respuesta, el SAT declaró que la información está clasificada como confidencial, protegida por el secreto fiscal, ya que los contribuyentes tienen derecho a la confidencialidad de sus datos.
Salas Suárez determinó que los datos de las devoluciones de ISR efectuadas a municipios y entidades federativas corresponden a personas morales que ejercen recursos públicos.
Destacó que la información sobre la administración de los recursos económicos de los organismos públicos de los tres niveles de gobierno deben sujetarse al principio de máxima publicidad. Por ello, agregó, el agravio presentado por el particular es fundado.
En el análisis del caso se encontró que no se actualiza la reserva, toda vez que la información relativa a devoluciones del ISR hechas a entidades federativas y municipios corresponde a personas morales de derecho público y no es posible configurarles un derecho de protección a datos personales, explicó.
En ese sentido, continuó, resulta aplicable lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 134 de la Constitución, el cual menciona que la Federación, los estados, los municipios y ahora la Ciudad de México tienen el deber de transparentar la información relativa a la administración de recursos económicos.
