La compañía se había negado hasta ahora a ceder los datos fiscales de sus clientes en los países en los que opera al considerar que era un mero intermediario entre el anfitrión y el huésped
Airbnb ha traspasado una línea roja. La compañía de alojamiento colaborativo, con más de cinco millones de anuncios en todo el mundo y 140,000 en España, se había negado hasta ahora a ceder los datos fiscales de sus clientes en los distintos países en los que opera al considerar que era un mero intermediario entre el anfitrión y el huésped y que no tenía ninguna responsabilidad sobre si el primero declaraba los ingresos que obtenía.
Esta mañana ha roto ese tabú al anunciar el primer gran pacto fiscal que alcanza en un país donde alquila casas. Se trata de Dinamarca, donde la plataforma ha hecho públicas, tal y como avanzaban ayer algunos medios locales, las condiciones del acuerdo. De esta manera la plataforma cederá al fisco danés los datos de sus clientes a cambio de que estos puedan beneficiarse de exenciones o reducciones en lo que tributen por los beneficios obtenidos por el alquiler de su vivienda en el IRPF.
A esas ventajas fiscales solo podrán acceder los caseros que anuncien sus viviendas en plataformas que hayan alcanzado un pacto previo con el gobierno danés, por lo que todo invita a pensar que el resto de plataformas de alojamiento, como Home Away o Booking, entre otras, podrían seguir un camino similar. El acuerdo será sometido hoy a votación para pasar el trámite parlamentario necesario para su definitiva ratificación. La firma, según recogen esos mismos medios, se abre a alcanzar pactos individuales en cada país en el que opera.
Airbnb ha tenido que plegarse ante la ofensiva de un gran número de gobiernos, entre ellos el español, que han acorralado legislativamente a la compañía con sede en San Francisco ante la falta de control sobre los ingresos de sus clientes y las sospechas de un elevado fraude fiscal.
En el caso de España fue el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy el que aprobó un real decreto a finales de diciembre de 2017 de lucha contra el fraude fiscal que fijaba la obligación a las plataformas de presentar sus datos fiscales a partir del tercer trimestre de 2018.
Las dificultades técnicas expresadas desde las distintas plataformas digitales (la norma también afectará a otras firmas como Uber o Cabify) para recopilar toda la información solicitada obligaron a retrasar hasta enero de 2019 la puesta en marcha de la nueva obligación.
De hecho, Airbnb contará con los 31 días de enero para presentar los datos de sus clientes en España correspondientes a todo 2018 y al final de cada trimestre estará obligada a presentar la información correspondiente a los tres meses anteriores. Además de la información fiscal deberá adjuntar los datos del inmueble, incluida la referencia catastral, número de contrato, fecha de intermediación en la operación y la identificación del medio de pago utilizado.
Al margen de la ofensiva fiscal en España, Airbnb tendrá que hacer frente a la guerra abierta por varias administraciones locales para prohibir su actividad ante la escalada del precio del alquiler, la reducción de la oferta o los conflictos con vecinos en algunas grandes ciudades. Valencia o Bilbao han limitado los pisos para turistas a bajos y primeras plantas y Madrid, gobernada por Manuela Carmena, obligará a que este tipo de viviendas en el centro de la ciudad, ya sean alquilados por particulares o profesionales, cuenten con un acceso independiente desde la calle y un recibidor.
Ambos requisitos ilegalizan al 95% de la oferta actual. La Asociación de Gestores de Viviendas de Uso Turístico de Madrid (Asotur), que representa a 25 empresas y 1,000 pisos, ha presentado dos recursos contra la norma, al considerar que invade competencias autonómicas y que persigue "cerrar" las viviendas de uso turístico que operaban antes de esa norma.
*Con información de El Economista
