Los protocolos de cumplimiento y gestión de riesgos fiscales evitan problemas en materia penal
La tendencia a implementar en las empresas políticas de responsabilidad corporativa y códigos de buenas prácticas se convierte en un imperativo.
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En materia fiscal son varios los asesores fiscales que ofrecen a sus clientes opciones de planeación fiscal agresivas, pero independientemente en que puedan incurrir en cierta responsabilidad penal por su asesoría, en especial si esta merma los ingresos del fisco (art. 93, frac. IX, CFF), es la empresa quien aplica esta planeación y asume el riesgo, a través de sus representantes e inclusive su órgano de administración como garante (art. 93, frac. VII, CFF).
De ahí, la importancia de tener una estrategia de gestión de riesgos para evitar la determinación de posibles créditos fiscales e incluso acciones penales. Estas estrategias son vitales cuando el empresario no es quien toma las decisiones de manera directa sobre ciertas planeaciones, ya que con ellas se logra minimizar contingencias ante situaciones particulares.
La creación de manuales de buenas prácticas emergen como una necesidad, en ellos se debe contemplar a detalle las obligaciones tributarias que debe cumplir la empresa en cada una de las contribuciones a que está sujeta, así como quiénes son los responsables de observar su acatamiento y quien supervisará a estos; adicionalmente las sanciones a que se sujetarán en caso de omisiones.
Antes decidir tomar cualquier planeación que se proponga se debe:
- analizar su viabilidad y las disposiciones involucradas
- evaluar riesgos
- ver si está acorde con los manuales de buenas prácticas de la empresa
- dar seguimiento a la misma, y
- generar posibles escenarios de respuesta eficiente ante posibles revisiones de las autoridades
No debemos dejar de considerar que conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales las personas jurídicas pueden incurrir en responsabilidad penal (arts 421 al 425).
