De aprobarse el paquete de modificaciones fiscales para 2020, será más difícil obtener la firma electrónica, indispensable para poder facturar, cuando los contribuyentes no acrediten plenamente sus datos de identidad, domicilio y situación fiscal.
Un análisis de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Nuevo León sobre el Paquete Económico 2020, reveló que el ejecutivo Federal propuso a los legisladores dotar de mayores atribuciones al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para impedir que existan contribuyentes con una firma electrónica vigente, sin que hayan acreditado plenamente sus datos de identidad, domicilio y situación fiscal.
La iniciativa de decreto propone modificar el quinto párrafo del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación, para incorporar la facultad del SAT de no otorgar una e.firma cuando los contribuyentes no proporcionen información suficiente sobre los datos ya mencionados.
Tampoco se otorgará la firma electrónica cuando la información no pueda ser validada por el órgano desconcentrado; con ello se detendría la generación de firmas electrónicas a posibles empresas facturadoras con operaciones inexistentes.
Margarita Ríos Farjat, titular del SAT comentó en un evento sobre comercio exterior: "Hay muchos tipos de informalidad, tenemos un discurso que se quedó hace 20 años, cuando hablábamos que informalidad son los changarritos, ahora se trata de ver el estado de derecho, hay que ver el cumplimiento de los pequeños negocios".
"Hacia ellos, que son pymes, a lo mejor el dueño de una zapatería, está desatendiendo a sus obligaciones fiscales, a esos contribuyentes hay que acompañarlos, ver si están así por voluntad propia, y por qué no están en la formalidad, si insisten, hay otro lado donde empiezan otras facultades", dijo Ríos Farjat.
En la propuesta de modificaciones fiscales, la Federación pide que el SAT mediante reglas de carácter general establezca los documentos y el procedimiento para validar la información proporcionada por el contribuyente.
Con esta propuesta se dotaría al SAT de atribuciones para impedir de origen la generación de la e.firma de contribuyentes que sean detectados por sus esquemas de riesgo; esto es, detener la operación a posibles empresas facturadoras de operaciones inexistentes.
En la exposición de motivos de la iniciativa, indica que este endurecimiento a los requisitos obedece a que el SAT ha detectado, a través de diversos esquemas de riesgo, que la mayoría de las empresas facturadoras de operaciones inexistentes muestran patrones de comportamiento irregulares detectables al momento de la generación de su e.firma.
Entre las inconsistencias más recurrentes que ha detectado el SAT están, por ejemplo, las vinculadas con su actividad económica, con su infraestructura y capacidad operativa, con su domicilio fiscal, o bien, respecto de quienes se ostentan como sus representantes legales, que son personas vulnerables como estudiantes, personas de la tercera edad, de escasos recursos económicos, entre otros.
Con información de El Economista.
