La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que no actúa como sector de un partido político o que sea complaciente o estar en favor de las empresas que emiten facturas falsas.
“Nuestra oposición a las empresas factureras ha quedado fehacientemente acreditada en posicionamientos públicos y ratificada en diversos foros, donde se ha reiterado la relevancia de su erradicación por dañar las finanzas públicas y ser una competencia desleal para las empresas formales”, expuso el organismo dirigido por Gustavo de Hoyos a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El organismo patronal argumentó en sus 90 años de historia ha impulsado la democracia liberal, la economía de mercado, la legalidad y la responsabilidad social, al ejercer y promover la libertad y participación activa en la agenda pública y rechazar cualquier tipo de censura.
Refirió que al igual que los demás organismos agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismos especializados y colegios de profesionistas, “hemos coincidido en una postura común sobre los riesgos que tienen los cambios al marco normativo que ponen en riesgo y deterioran la certidumbre jurídica de los contribuyentes e inversionistas”.
Rechazo
El vicepresidente de Asuntos Fiscales de la Concanaco- Servitur, Juan Carlos Pérez Góngora, solicitó vetar el dictamen sobre la iniciativa fiscal en materia de combate a las empresas factureras, porque tipifica la defraudación fiscal como delincuencia organizada.
En una misiva dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, Pérez Góngora solicitó que “ejerza su derecho de veto regresando al Congreso de la Unión la iniciativa, para que se hagan las correcciones pertinentes y rectifiquen este gravísimo error”.
A nombre de los empresarios de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur México), aseguró que con la aprobación de esta reforma, impulsada por legisladores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), “los empresarios nos sentimos engañados” porque la enmienda ésta “encaminada al terrorismo y acoso fiscal”.
Señaló que autoridades federales les habían asegurado que “la ley no iría en contra de los contribuyentes, sino que iba por los factureros y evasores fiscales” y no al contrario.
