El líder empresarial aseguró que han insistido con la autoridad en que la medida no es positiva para México
Tras la aprobación en lo particular y general de la Ley de Ingresos 2020 y aun en espera de la revisión definitiva sobre los "autos chocolate", el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, manifestó su preocupación por el tema de deducibilidad de intereses, toda vez que “no beneficia en nada la estructura fiscal del país”.
En conferencia de prensa, afirmó que “no se van a obtener mayores ingresos fiscales por esa regulación del tope de 30% en la deducibilidad y afecta definitivamente a aquellas empresas que para iniciar un proyecto de inversión tienen que apalancarse muy fuertemente”.
Reconoció que esta preocupación no fue escuchada, por el contrario, “todo aquel que quiera apalancarse para iniciar un negocio, como algunas de las distribuidoras automotrices, se verán afectadas.
"Porque el capital de trabajo lo tienen que financiar con pasivos y al no deducir más de 30 por ciento de intereses sobre la utilidad fiscal ajustada, se va acumulando la cantidad de intereses, y aunque ampliaron el plazo a 10 años y no a tres como estaba escrito, no es suficiente”.
El líder empresarial aseguró que han insistido con la autoridad en que la medida no es positiva para México, sobre todo para las inversiones, aun cuando les ha dicho que es una propuesta de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).
“Nos parece que en la aplicabilidad de México y en una necesidad de inversión como la que tenemos en México, estas medidas no avalan eso”.
Otra de las preocupaciones del sector empresarial sobre la Ley de Ingresos, según Carlos Salazar, es la baja inversión pública, pues “seguimos teniendo un paquete de inversión pública muy bajo, muy pobre”.
Lo que se va a invertir “no alcanza ni el 2% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando el país requiere al menos de 5% del PIB”.
El sector privado, indicó, participa en el Gran Plan de Infraestructura que se presentará en breve con capital privado, donde ya están incluidos 873 licitaciones, como lo dio a conocer las secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes.
