Un tema que ha generado polémica a raíz de la reforma fiscal es la subcontratación laboral; toda vez que el ejecutivo federal, propuso imponer la retención del 100 % del IVA a este tipo de servicios; sin embargo en el trabajo legislativo, se erradicó del texto de la propuesta el término “subcontratación laboral”, lo que generó incertidumbre en los contribuyentes respecto a qué tipo de servicios se les debe aplicar la retención.
Este tipo de operaciones se ha convertido en un dolor de cabeza para los contribuyentes, y esto parece empeorar para el ramo, ya que en un acuerdo nunca visto se organizó un grupo de trabajo conformado por Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) con la única finalidad de combatir y erradicar la subcontratación ilegal.
Bajo las cifras del INEGI, se ha incrementado de manera importante el personal contratado por outsourcing, ya que entre 2004 y 2014 esta forma de contratación creció del 9 % al 17 %. Sin embargo no toda subcontratación es ilegal.
La subcontratación legal es un servicio especializado que permite que los negocios se dediquen a su actividad principal sin distraerse en actividades no propias de la empresa. Por otro lado, la ilegal busca trasladar la plantilla laboral a empresas intermediarias con el propósito de encubrir la relación laboral a través de actos simulados para incumplir intencionalmente con las obligaciones laborales y de seguridad social, afectando gravemente a los trabajadores y a sus familias, fomentando la competencia desleal entre empresas, y mermando los ingresos públicos para el financiamiento de la seguridad social.
Con base en estos datos, se estima que seis mil empresas de subcontratación abusiva pudieran estar afectando a los trabajadores con este tipo de comportamientos ilegales; además de encuadrar en conductas evasoras de impuestos superiores a los 21 mil millones de pesos anuales.
Algunas afectaciones que causa la subcontratación laboral ilegal son:
- competencia desleal, ya que los beneficios obtenidos por la práctica de este tipo de operaciones otorga una mejor posición a los empresarios que la practican, esto a costa de los trabajadores
- riesgos para los empresarios involucrados, los contribuyentes que contratan este tipo de servicios se ven expuestos a demandas de los trabajadores además de revisiones fiscales
- menor recaudación de ingresos, esto reduce la capacidad del gobierno para fondear la seguridad social, en especial, los servicios de salud, pensiones y vivienda
- entorpece el crecimiento de la infraestructura de las instituciones públicas para ofrecer mejores servicios de seguridad social a las generaciones presentes y futuras
Las acciones que se van a llevar a cabo por el grupo intersecretarial mencionado son:
- inspecciones laborales a través de la STPS
- aplicación de medidas financieras por parte de la UIF
- revisiones fiscales a cargo del IMSS, INFONAVIT y SAT
- apoyo a la regularización de los patrones reales y sus trabajadores a cargo del IMSS, INFONAVIT y SAT
- generación de sanciones ejemplares y en su caso la conformación de expedientes por defraudación fiscal a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF)
El grupo intersecretarial, ya está tomando cartas en el asunto, toda vez que desde el ejercicio 2019 inició inspecciones a este tipo de empresas; además se afirmó que para el ejercicio 2020, se intensificarán las acciones de inspección y revisión y en su caso se aplicará todo el peso de la ley para terminar con los esquemas de subcontratación ilegal.
