La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso un nuevo Pacto Fiscal que revise el esquema para la distribución del gasto federalizado, para que mantenga su sentido solidario, pero que también reconozca los esfuerzos que en materia recaudatoria realizan los Estados y municipios.
En un comunicado, explicó que “no se trata de abrir una caja de pandora”, sino de que una vez por todas, se modifique el Convenio de Coordinación Fiscal, creado en 1947 que al día de hoy es obsoleto, pues hay un amplio contraste entre lo que un estado recauda y lo que se recibe.
Indicó que este año a través del Pacto Fiscal, se destinaron 1,972 mil millones de pesos para la distribución del gasto federalizado, a fin de que los gobiernos de las 32 entidades cuenten con recursos para infraestructura, educación, salud, entre otros.
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Sin embargo, relató que el reparto es inequitativo entre los estados ya que no atiende criterios justos, la fórmula actual sólo considera como variables el número de habitantes y la recaudación generada por cada entidad, pero no premia a los estados que más esfuerzos hacen por recaudar y que cuentan con sistemas de recaudación más modernos.
Explicó que actualmente, los estados que menos aportan son también los que más recursos reciben, el esquema actual de distribución de recursos ha ocasionado una mayor dependencia presupuestal, al no promover el fortalecimiento hacendario ni estimular las responsabilidades tributarias locales.
La Coparmex mencionó que el actual esquema de distribución genera además riesgos financieros al traducirse, en algunos casos, en la contratación inmoderada de deuda pública como en el caso de Nuevo León, Quintana Roo y Veracruz, que obtienen hoy más recursos por la vía del financiamiento que por parte de las contribuciones fiscales.
Más aún, dijo que aunque el gobierno mantuvo la promesa de no crear nuevos impuestos o aumentarlos, un gasto federalizado estático no alcanzará para que los gobiernos estatales y municipales cubran las crecientes necesidades de su población; esto los obligará a recurrir a la creación de nuevos impuestos locales asumiendo por sí solos el costo político que esto implica.
Cito que los estados que más recursos reciben mediante transferencias federales son también los que menos recursos propios generan. Este es el caso de Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero y Morelos, cuyos ingresos propios por recaudación representan menos del 2 por ciento de sus ingresos totales. En contraparte, la Ciudad de México y Nuevo León representan el 25 por ciento y 11 por ciento respectivamente.
Otra problemática, reside -indicó- en la pobre fiscalización que tenemos a nivel estatal y municipal. En este sentido, las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación sobre el ejercicio de los recursos que se transfieren a estados y municipios son preocupantes.
