El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, aseguró que es necesario hacer una reforma fiscal para obtener mayores recursos en el futuro que coadyuven a garantizar el acceso a la seguridad social de jóvenes y adultos mayores.
“Sí se tiene que hacer una reforma fiscal para tener más recursos en el futuro, ya no va a ser para financiar burocracias doradas o para el despilfarro de la corrupción, sino para financiar los nuevos derechos sociales que se aprobarán en esta Constitución”, subrayó.
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La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Aleida Alavez Ruiz (Morena), dijo que se está ante la oportunidad de consagrar en la Carta Magna el legado de igualdad que México necesita y de plasmar en la Constitución la garantía de derechos sociales para adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes en pobreza y acceso universal a servicios médicos para quienes no tienen seguridad social.
La presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez Galván (Morena), destacó la importancia de analizar la propuesta de reforma al artículo 4° en materia de derechos sociales, que busca garantizar el acceso a beneficios económico-sociales en segmentos menos favorecidos, con total y absoluto respeto a la dignidad.
“El tema es amplio y toral para quienes tenemos el compromiso con el bienestar de los menos favorecidos. La intención es tener los elementos suficientes para dictaminar con debida responsabilidad la reforma”.
La diputada Martha Tagle Martínez (MC) puntualizó que se deben incorporar los derechos sociales de las personas con la máxima garantía para que puedan ejercerlos.
A su vez, Ariadna Montiel Reyes, subsecretaria de Bienestar, aseguró que, aun con pensiones, las personas adultas mayores sufren vidas complejas, y que la mitad de las personas con discapacidad viven en pobreza, por lo que de otorgarse el derecho universal de esta pensión se lograría un gran beneficio y se priorizaría a niñas y niños con alguna complicación motriz.
“Imaginen las brechas de desigualdad para una niña indígena con discapacidad, por eso los programas deben tener un piso de universalidad, debemos sensibilizar de que lo que hoy se discute es un derecho, no una concesión graciosa de un gobierno durante un tiempo; debe de quedar ahí”.
