El presidente Andrés Manuel López Obrador acordó con los gobernadores del país una Convención Nacional Hacendaria para la revisión de la Ley de Coordinación Fiscal, por la cual el gobierno federal transfiere recursos a estados y municipios.
Tras una reunión presencial entre López Obrador y los mandatarios en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y Ejecutivo de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, dieron a conocer en conferencia de prensa los acuerdos a los que llegaron.
Sánchez Cordero dijo que uno de los principales acuerdos tiene ver con la preocupación de los gobiernos estatales debido a la reducción de sus ingresos por la pandemia del Covid-19.
Por ello, mencionó, el presidente se comprometió ante los mandatarios estatales a que analizará la Ley de Coordinación Fiscal, pero con objetividad, transparencia y diálogo.
“Acordaron promover la discusión de la hacienda pública y la coordinación fiscal en el corto y mediano plazo a través de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, órgano del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en el que participan todos los secretarios de Finanzas de todas las entidades federativas y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, dijo.
Indicó que los gobernadores que así lo deseen podrán incorporarse a las reuniones de esta comisión.
Juan Manuel Carreras dijo que esto implicará iniciar mesas de trabajo técnico con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, acompañados por gobernadores, “para ir construyendo una ruta en coordinación con el gobierno hacia una Convención Nacional Hacendaria para la revisión del actual mecanismo de distribución de recursos públicos”.
Desde hace una década, y ahora con mayor énfasis por el impacto negativo de la pandemia, los gobiernos estatales han buscado cambios a la Ley de Coordinación Fiscal con el propósito de recibir mayores recursos de la Federación.
Dicha ley establece que la Recaudación Federal Participable a los estados será de 20% de lo que obtenga la Federación por todos sus impuestos (IVA, IEPS, entre otros), así como por los derechos de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por dichas contribuciones.
Reestructuración de la deuda
Además, Sánchez Cordero indicó que López Obrador ofreció a los gobiernos estatales que enfrenten una situación adversa debido a los efectos secundarios del Covid-19, utilizar la banca de desarrollo para la reestructuración de la deuda de sus estados.
Incluso, reveló que durante la reunión, el presidente instruyó al titular de Banobras, Jorge Mendoza, para que apoye la restructura de los crédito de las entidades que así lo requieran.
Propuestas
Por su parte, los 10 gobernadores que conforman la Alianza Federalista propusieron al presidente destinar 1.5 billones de pesos a la Estrategia Nacional de Reactivación Económica, que equivale a 5% del PIB del país, a fin de contener la crisis provocada por el Covid-19.
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, ante la Conago y en representación de la Alianza Federalista, señaló que esta emergencia requiere de intervenciones conjuntas y de una verdadera coordinación entre los estados y la Federación.
Por tal motivo, Aureoles Conejo detalló que los 10 gobernadores establecieron propuestas específicas para poner en marcha la estrategia de reactivación, como otorgar recursos extraordinarios a los gobiernos locales para hacerle frente a la crisis y fortalecer los mecanismos de acompañamiento social; flexibilizar las reglas de operación de los recursos que llegan a los estados a través de la eliminación de la condición de anualidad en los recursos destinados a temas esenciales como salud, educación y seguridad.
También, que el Presupuesto de Egresos 2021 contenga recursos adicionales para fortalecer el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios para enfrentar las dificultades del siguiente año; aplicar un plan integral de inversiones en obras de infraestructura prioritaria por entidad, acordando la mayor participación posible de empresas locales; generar políticas públicas emergentes para la reactivación económica, dirigidas a las mipymes, entre otras medidas.
Con información de El Economista.
