La Pandemia Covid 19 aceleró la deserción escolar que ya venían sufriendo las instituciones particulares de educación superior por la crisis económica, y ahora 40% de las asociadas de la Alianza para la Educación Superior (ALPES), están en riesgo de cerrar sus puertas, por lo que su presidenta María Luis Flores del Valle solicitó al Congreso que en la Ley General para la Educación Superior, que se encuentra en estudio, haya piso parejo, acorde con el momento actual y les ayude a seguir ayudando a los estudiantes de este país que no pudieron obtener un lugar en la universidad pública.
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La dirigente de las universidades afiliadas a ALPES advirtió que la universidad particular coadyuva con la obligación constitucional del Estado Mexicano de dar educación, sin embargo, si tal número de instituciones cierra por la crisis, el Estado Mexicano se va a quedar con una gran carga social.
“Es un buen momento para que el Estado nos ayude a solventar esta crisis, nos permita fortalecernos para la nueva normalidad y podamos cumplir cabalmente con nuestro compromiso de ayudar a que los jóvenes desatendidos por la universidad pública, puedan tener una educación de calidad”, expresó Flores del Valle.
Detalló que al ofrecer sus servicios a estudiantes de contextos más desfavorecidos, la falta de equipo y conexión a Internet para tomar sus clases en línea, y la situación económica de sus familias, ha provocado una gran deserción para el siguiente ciclo escolar que en estos momentos se estima en alrededor de 40%.
Flores del Valle solicitó a los legisladores “que fiscalmente nos regresen al título III y nos quiten el impuesto sobre la renta como una forma de ayudarnos a ayudar”.
En el Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta donde estaban desde 1924, no pagaban ISR e IVA a cambio de ofrecer becas al 5% de sus alumnos. Pero desde 2014 fueron trasladados al Título II donde no pueden cobrar IVA a en las colegiaturas, pero de los ingresos ahora deben pagar ISR y reparto de utilidades, además de otros requisitos por cumplir, como si fueran una empresa comercial, con la agravante de que no pueden recuperar el IVA pagado y, también, siguen dando el 5% de becas.
Las instituciones particulares de educación superior solicitaron a los senadores la generación de una Ley General de Educación Superior justa, incluyente, equitativa y moderna que les permita la simplificación de trámites y establecer los propósitos educativos de equidad, excelencia e inclusión, en un proceso transparente, público e imparcial, que sirva para establecer las bases de un sistema de mejora continua incluyente que permita tener a los jóvenes las mismas condiciones y oportunidades.
