Esta figura pretendía el blindaje y acceso a ciertas facilidades administrativas
Desde el 1o. de enero de 2017 existe la posibilidad de que las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles opten por certificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de transparencia y de evaluación de impacto social, en el entendido de que quienes obtuvieran esta certificación, accederían a las facilidades administrativas que el SAT establecería a través de reglas de la RMISC (art. 82-Ter, LISR).
Asimismo, dicha porción normativa señala que el proceso de certificación estaría a cargo de instituciones especializadas autorizadas por el SAT, de acuerdo con los requisitos que en su caso contemplen las reglas de la RMISC.
Sin embargo, esas reglas no han sido publicadas, incluso el artículo décimo séptimo transitorio del la RMISC2020 prevé “…el proceso de certificación de cumplimiento de obligaciones fiscales, transparencia y de evaluación de impacto social, podrá ejercerse, una vez que el SAT publique en su portal los tipos de certificación, las características de las certificadoras y los beneficios que se otorguen…”
Dado que el esquema de certificación del cumplimiento de obligaciones fiscales de las donatarias no ha entrado en operación, el ejecutivo federal pretende eliminar tal esquema al plantear la derogación del artículo 82-Ter de la LISR como parte del paquete económico 2021 presentado al Congreso de la Unión el 8 de septiembre de 2020, misma que ya fue avalada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en los siguientes términos:
Certificación para donatarias
De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa en estudio, el Ejecutivo Federal propone a esta Soberanía derogar el actual artículo 82-Ter de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que prevé la certificación del cumplimiento de obligaciones fiscales, de transparencia y de evaluación de impacto social. Lo anterior en virtud de que la obtención de la certificación implica un costo económico que las donatarias autorizadas estiman elevado y que no existen opciones de entidades certificadoras.
El Ejecutivo Federal estima que las propuestas en materia de donatarias autorizadas incluidas en la iniciativa en estudio, harán innecesaria la citada certificación a través de un tercero, ya que permitirán un mayor control y transparencia de la operación de las mismas, lo que otorga mayor seguridad a los ciudadanos respecto de la aplicación de los recursos que entreguen como donativos a estas instituciones.
De aprobarse la propuesta en comento, en lo que resta del proceso legislativo, a partir el 2021 se suprimiría ese esquema antes de su entrada en operación, por lo que las donatarias serán objeto de mayor fiscalización y control por parte del fisco federal.
