La fiscalización del SAT mantuvo a flote la recaudación en lo que va del 2020, en el periodo de enero a septiembre, las actividades de auditoría a los contribuyentes le permitieron al organismo obtener 418 mil millones de pesos (mmdp) , monto superior a los 171 mmdp captados en el mismo lapso del año pasado bajo ese método.
Esta cifra destaca por ir de la mano de una estrategia de mecanismos “agresivos” implementados en medio de la pandemia y que desde la perspectiva del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) probablemente puedan ser considerados arbitrarios por inversionistas nacionales y extranjeros, justo en el momento que más inversión se necesita en el país.
“La ola de recaudación ha sido consecuencia de agresivos mecanismos para finalizar litigios a favor del SAT con base en intimidación y amenazas de múltiples auditorias (...) Además, están las recientes reformas en materia penal que potencialmente llevan a la defraudación fiscal a delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y extinción de dominio”, expuso el organismo en un comunicado.
En ese sentido, el CEESP calificó de inoportuno el proceder del SAT, al ser un fuerte disuasivo para la inversión. Para ejemplificar lo ocurrido de enero a septiembre se llevaron a cabo 60,617 actos de fiscalización, frente a 47,983 en el mismo periodo del 2019.
“Estas acciones han sido positivas para el erario al incrementar la recaudación, pero es claro que no logran compensar la debilidad de las fuentes de recursos del sector público, ya que no pueden ser permanentes o recurrentes. En el futuro, pueden incluso empeorar el deterioro de la recaudación al disuadir la inversión nueva y prolongar así la mediocridad del crecimiento del producto en los próximos años”, sentenció.
Asimismo, precisó que excluyendo los recursos obtenidos por medidas de fiscalización, se observa que durante los primeros nueve meses del año, la recaudación fue 11.2% inferior en términos reales a la del mismo lapso de 2019. Una caída significativa aun considerando la contracción del PIB, ya que las empresas hacen sus enteros de impuestos con base en sus utilidades del año anterior, previo a la pandemia.
Otras fuentes de recaudación simplemente reflejan la caída de la actividad económica iniciada desde 2019 y profundizada este año. Otro factor es el pesimismo en las expectativas de crecimiento para los próximos años. Los especialistas del sector privado anticipan que el crecimiento promedio para los próximos diez años será 1.93%.
De forma agregada, los ingresos del sector público en los primeros nueve meses del año fueron 236 mmp menores a lo programado, aun considerando los ingresos no recurrentes reportados, que sumaron 183 mmp. Los ingresos tributarios resultaron 152 mmp menores a lo que se había programado. Y en congruencia con los principios de austeridad de este gobierno, en el caso del gasto público se observa un subejercicio de 310 mmp, privilegiando los programas sociales de transferencias y los proyectos de inversión prioritarios de la administración.
“Aún continuando con la estrategia de intimidación por parte de las autoridades recaudatorias, cumplir con la expectativa de un crecimiento en términos reales de 5.7% en ingresos tributarios se aprecia difícil”.
