Ciep prevé deuda pública del 69% del PIB
El organismo advierte que las futuras generaciones deberán pagar más para recibir los mismos bienes y servicios públicos que reciben generaciones actuales
Fiscal Contable
Si se mantiene sin cambios las políticas actuales de ingresos y de gastos, para el 2030, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), que es la medida amplia de la deuda, podría ascender a 69% del PIB.
Al menos eso es lo que estima el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (Ciep), en el informe "Deuda pública .Efectos generacionales y proyecciones a largo plazo".
Advierte que "es necesario contar con un nuevo sistema fiscal que incorpore la perspectiva demográfica de sexos, edades y grupos de ingreso".
De acuerdo con proyecciones del centro, a partir del año 2029, el gasto público comenzará a crecer más rápido que los ingresos que se perciban mediante el pago de impuestos, dada la transición demográfica.
Por ello, a medida que los ingresos sean menores a los gastos, se genera una diferencia que tendría que ser financiada con endeudamiento. Esta diferencia entre los ingresos y los gastos futuros asciende a 4.7% del valor presente del PIB.
Lo anterior sugeriría una eventual insostenibilidad fiscal, si no se realizan los ajustes en las políticas de ingresos o gastos. Mantener las políticas actuales generaría inequidad fiscal intergeneracional, lo que significa que las futuras generaciones deberán pagar más para recibir los mismos bienes y servicios públicos que reciben las generaciones actuales.
La solvencia financiera del gobierno está en función de su capacidad recaudatoria y de los compromisos sociales y financieros que debe cumplir. El hecho de que la deuda pública aumente como resultado de desequilibrios macroeconómicos, no implica necesariamente una insostenibilidad del sistema fiscal.
Advirtió que algunas políticas públicas que pudieran parecer viables en el corto plazo, podrían ocasionar que las siguientes generaciones terminen pagando más impuestos y recibiendo un menor gasto público.
Por lo que esto "supondría cambios sustanciales en la estructura del gasto y de las tasas impositivas, con implicaciones en la redistribución del ingreso, equidad intergeneracional y sostenibilidad fiscal".