Ante las prácticas que erosionan la base gravable, la legislación fiscal mexicana ha establecido diversos mecanismos para combatirlas.

La economía global y los avances que se han logrado en las actividades económicas han dejado muy por de bajo a la legislación tributaria, que en algunos casos permite a empresas evitar o incluso no pagar impuestos.

El fisco mexicano ha buscado alinear sus normas a los alcances de la economía global, pero como todos los fiscos se enfrenta a la falta de información puntual, exhaustiva y pertinente sobre las estrategias fiscales.

Durante muchos años se ha incluido en la legislación mexicana normatividad para impedir estas prácticas y obtener información que le permita al SAT poder fiscalizar las mismas, entre estas normas encontramos:

• criterios no vinculativos
• declaración informativa de la situación fiscal (art. 32-H, CFF)
• declaración informativa de operaciones relevantes (art. 31-A, CFF)
• declaración informativa de partes relacionadas maestra, local y país por país (art. 76-A, LISR)
• declaración informativa de esquemas reportables (art. 199, CFF)

Estas acciones tienen por objeto obtener información suficiente sobre estructuras y mecanismos que puedan evadir el pago de impuestos.

No obstante, es bien sabido que con la obtención de simples datos no se logra el objetivo en tanto que se requiere un análisis de estos, ya que así solo se obtiene información administrativa valiosa y no es una simple carga para los contribuyentes.