La política fiscal y el respeto a los derechos humanos
Ante los posibles cambios proyectados en materia tributaria en la próxima legislatura es necesario replantear la política fiscal
Fiscal Contable
La política fiscal se define como el uso del gasto público y los impuestos para influir en la economía; luego cómo puede impactar la política fiscal en el respeto a los derechos humanos; la respuesta se encuentra en que los derechos dependen más de los recursos que de las propias leyes.
Los derechos fundamentales, como la salud, requieren del financiamiento de los recursos públicos y su mala distribución afecta el goce de los derechos.
A través de la política fiscal, un Estado define cuáles son sus prioridades, y en algunos casos por falta de recursos o por una dirección política errónea no se atiende a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La función de la política fiscal no es solo recaudar sino también redistribuir, evitar ciertas conductas (impuestos con fines extrafiscales), incluso se pueden reparar daños realizados a los derechos fundamentales.
Ante la práctica de austeridad fiscal aplicada en diversos países de América Latina, se han impactado de manera negativa algunos derechos humanos, como el derecho a la salud y a la educación, aun cuando existen alternativas para el ahorro, que no afectan los derechos de la población.
La política tributaria del Estado ha sido concebida como una ingeniería técnica en la que solo intervienen expertos en economía; no obstante, cada vez la población reclama su participación en su elaboración, y en especial en la vigilancia y transparencia en los gastos públicos, ya que de ello depende el respeto en gran medida de los derechos logrados.
La desigualdad social alimentada por el COVID ha puesto en crisis a varios Estados, que con el afán de recaudar suficientes recursos han implementado medidas regresivas de recaudación de ingresos, lo que ha desatado descontento en la población. Esta problemática se acrecienta cuando el Estado no ha sido capaz de atacar la evasión tributaria corporativa y los grandes grupos son indiferentes a las necesidades de la población.
La política fiscal es un asunto de todos los ciudadanos ante su replanteamiento debe privilegiarse el respeto a los derechos humanos fundamentales.