A partir del 2022 podría ser obligatorio que todas las personas mayores de 18 años tramiten su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), para evitar, principalmente, que los jóvenes sufran el robo de identidad por parte de las llamadas factureras, aseguró el SAT.
La jefa del organismo, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que las empresas fantasma escogen a jóvenes de 18 años para crear una empresa que se dio de alta en una Notaria, mismas que llegan a facturar 1,000 millones de pesos, además de que el presunto dueño cuenta con automóviles deportivos, propiedades, terrenos y envíos de dinero al extranjero y cuando localizan a la persona en cuestión, se dan cuenta de que suplantaron su identidad.
Otra forma en la que roban su identidad, detalló la funcionara es adhiriéndoles a nóminas fantasma, incluso, tienen registros de que hay jóvenes inscritos en 200 o 300 empresas de manera simultánea en diversos estados.
Por lo anterior, destacó, la propuesta de reforma al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación no se trata de terrorismo fiscal, sino de una estrategia para proteger a los jóvenes.
Al respecto, el diputado del PRD, Marcelino Castañeda, cuestionó a Buenrostro sobre qué pasará cuando un adolescente se dé de alta en el RFC y que ya obtiene ingresos y después, por alguna razón, pierde su trabajo.
La jefa del SAT respondió que “si un estudiante tiene un trabajo temporal y le pagan y después le dejan de pagar, él podrá acceder desde su teléfono al portal del SAT y decir que está suspendido. No pasa nada y desaparecen las obligaciones fiscales”.
Reforma en materia de auditoría es para evitar lo que pasó con Interjet
El gobierno federal planteó un cambio al artículo 52 del Código Fiscal de la Federación (CFF) para que los contadores públicos auditores que no informen a la autoridad fiscal de anomalías encontradas en las empresas auditadas sean penalizados hasta con seis años de cárcel.
Ante la reforma al CFF, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), comentó que esta medida es para evitar casos de defraudación fiscal como el que realizó Interjet durante siete años.
Sumado a lo anterior, Buenrostro Sánchez, reveló un red de corrupción de 19 personas en una oficina del SAT que atendía grandes contribuyentes y en donde, por más de 10 años, un despacho contable “de los grandes” pagaba cuotas a los servidores públicos para que no enviaran avisos de cobranza al buzón tributario de sus clientes ya que éstos no sabían que no pagaban sus impuestos.
“No estamos pensando en que el contador que se equivocó al sumar 2+2, ni nos da tiempo de revisar eso porque son más de 79 millones de contribuyentes en el padrón. Vamos por los Big Four o por estos grandes despachos que tienen un cinismo impresionante para cometer actos de corrupción. No vamos sobre los errores, vamos sobre los abusos”, comentó ante diputados.
