Recaudación verde y prediales son algunas medidas para fortalecer las haciendas locales
Los recursos financieros que reciben las entidades federativas requieren fortalecerse ya que actualmente se encuentran limitados para aplicar una nueva política pública ante necesidades emergentes, indicó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaría (CIEP).
Detalló que el 82.7% de los recursos de las entidades provienen de transferencias de la federación y el 44 % tiene un destino específico por lo que la atención a nuevos problemas de seguridad, salud, educación e infraestructura ha quedado rezagada por el limitado espacio fiscal de los estados.
A su vez, los recursos disponibles para la creación de política pública de coyuntura en las entidades federativas, que en promedio son 8,633 pesos por persona anualmente, disminuyeron en promedio 27.5% de 2018 a 2022.
De acuerdo con el reporte del CIEP "Finanzas Públicas Locales: hacia una nueva coordinación fiscal", las finanzas públicas locales son altamente dependientes de los recursos de la Federación. Ante las necesidades de financiamiento, ya que solo el 14% de sus recursos proviene de la recaudación propia, algunos gobiernos locales han recurrido a la deuda interna para balancear los montos que reciben. Sin embargo, estos recursos deben ser recaudados y pagados en el futuro a un mayor costo debido a los intereses.
El reporte refleja algunas áreas de oportunidad en el financiamiento de la salud, educación, seguridad, infraestructura y pensiones en los estados. Entre otros hallazgos, resulta que ocho de cada diez personas que tuvieron alguna necesidad de salud y que no contaban con afiliación a las instituciones de seguridad social no recibieron atención en los sistemas estatales de salud. Por lo tanto, se requiere 1.1% del PIB para la cobertura universal, en salud de las personas sin afiliación Instituciones de Seguridad Social.
En materia educativa es necesaria una inversión adicional de al menos 5.1% del PIB para cerrar la brecha de cobertura en educación. Los estados reservan a esta área entre 21.2% y 44.8% de su gasto. Baja California es el estado que menos presupuesto destina a este rubro; contrasta Hidalgo quien mayor monto destina.
Por su parte, los recursos destinados a las entidades federativas para seguridad se redujeron en 57.7% entre 2013 y 2022, principalmente por la eliminación del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG). En contraste, los actos delictivos no disminuyeron.
La inversión pública en infraestructura en las entidades federativas se define principalmente por la Federación. El 78.9% del gasto en inversión pública proviene del gobierno federal, mientras que solo el 21.1% de los estados. En 2022 el 45.5% se destinó a Campeche, 28.9% a Tabasco, 4.7% a la Ciudad de México, mientras que Tlaxcala solo recibió 0.05%, Zacatecas y Aguascalientes, 0.14% y 0.37%, respectivamente.
Los estados gastan el doble de lo que reportan en pensiones. Se estima que el gasto en 2021 fue de 38 mil millones de pesos, superior a los 19 mil millones reportados en la cuenta pública de las entidades. En al menos 22 estados de la República es posible jubilarse y recibir el mismo monto de su último salario como pensión. Para acceder a estas jubilaciones deben tener entre 50 a 65 años de edad, aunque existen gobiernos estatales y municipales donde el único requisito es haber trabajado entre 20 y 35 años.
La recaudación verde y de prediales son medidas para fortalecer las haciendas locales. Baja California, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas cuentan con legislaciones en impuestos verdes, lo que representa una recaudación promedio de 32.4 pesos por persona al año. Por otro lado, los gobiernos estatales podrían aumentar su presupuesto en 74 mil millones de pesos a través del cobro por tenencia.
El fortalecimiento de la recaudación local debe ir aparejado de más y mejores bienes y servicios públicos. El CIEP pone a disposición de la ciudadanía este reporte de libre acceso para contribuir al debate público en pro de un sistema fiscal sostenible en beneficio de las presentes y futuras generaciones.
