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Septiembre se caracteriza por ser el periodo en que el ejecutivo federal presenta ante el Congreso de la Unión el paquete económico del año entrante. Aunque este año ha trascendido que no habrá cambios significativos en materia tributaria para 2023, ya que, según la exjefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, el objetivo es contar con un entono fiscal sólido para lograr la consolidación de empresas extranjeras en México.
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No obstante, dentro del paquete económico para el 2023 se entregó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Adicionan Diversas Disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Esta ley data del 30 de marzo de 2006 y tiene por objeto reglamentar los artículos 74, fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Federal, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales, y contiene diversas disposiciones, cuyo propósito es establecer algunas de las condiciones de estabilidad económica que requiere el desarrollo del país, con base en la responsabilidad hacendaria.
Así, el gobierno federal plantea una reforma a esta ley con el ánimo de establecer un mecanismo que permita continuar con el ahorro de los ingresos del gobierno de México robusteciendo el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP).
La propuesta consiste en adicionar en el artículo 21 Bis, la fracción V Bis, y en el numeral 23, un último párrafo, para ampliar las fuentes de recursos que se destinan al FEIP a través de las siguientes dos vías:
- en caso de que se genere un ahorro o economías presupuestarias en el costo financiero de la deuda pública del gobierno federal, durante el ejercicio fiscal correspondiente, se podrán realizar las adecuaciones presupuestarias compensadas, para destinar los recursos de dichos ahorros o economías al FEIP, conforme lo determine la SHCP, y
- la posibilidad de realizar aportaciones adicionales al FEIP durante el ejercicio fiscal, consistentes en activos financieros
El principal motivo de la reforma es en aras de finanzas públicas sanas y formar un consenso a favor de la estabilidad del gasto social y la economía popular, porque en un contexto externo que presenta retos importantes para las finanzas públicas del país, se considera necesario definir mecanismos adicionales para que los ingresos del gobierno federal se cuiden y utilicen ante condiciones económicas o sociales adversas.
Resulta interesante, que el gobierno federal proponga un cambio de esta índole, e incluso absurdo a estas alturas, porque la estabilización de los ingresos tenía que darse desde el momento en que inicio la crisis económica ocasionada por la pandemia y por el conflicto bélico situado Ucrania.
En fin, solo queda esperar que, en caso de aprobarse la reforma, los ajustes se realicen de forma transparente.
