Pese a que la autoridad sostiene que las finanzas públicas son sólidas, hacia adelante se perciben signos de preocupación, especialmente en cuanto a la sostenibilidad de las fuentes de recursos, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Destacó que es pertinente considerar escenarios de política fiscal para los próximos años, a fin de fortalecer los ingresos del erario, la cual indicó podría resultar en una reforma que fortalezca las fuentes de recursos públicos recurrentemente, acción necesaria para mantener un nivel de gasto del gobierno adecuado sin incurrir en deuda pública excesiva.
En opinión del CEESP hay dos principios generales a los que la política fiscal debe ceñirse:
ampliar la base tributaria y abarcar a quienes actualmente no participan en ella, principalmente el sector informal, ello haría a la recaudación más eficaz y equitativa al dar un trato igual a todos los ciudadanos con relación a sus ingresos. Actualmente, el sector formal de la economía produce el 77% del producto interno bruto, y carga con la mayoría de la carga fiscal. Asimismo, el impuesto sobre la renta de las personas, en su mayoría recae sobre los asalariados del sector formal, quienes son causantes cautivos del sistema ya que su impuesto se recauda mayormente en forma continua vía retenciones. Las empresas e individuos formales que están en los registros de causantes sí pagan impuestos y con tasas efectivas similares a los países avanzados
señalar claramente el destino de los recursos que se buscan y justificar su rentabilidad beneficio/costo para la sociedad. El Congreso tiene la obligación de asegurar que el gasto propuesto se destine adecuadamente a las prioridades nacionales. En lo que se refiere a erogaciones “regularizables” inevitables como son la mayor parte de la nómina del sector público y las pensiones en curso de pagos, entre otros, el gasto es ineludible. También lo es el gasto “no programable” como las participaciones federales y el servicio de la deuda pública. Otras erogaciones como programas sociales deben justificarse de diversas maneras. Pero en los próximos años es particularmente importante asegurar que las de nuevos programas, ampliaciones de los actuales y proyectos de inversión sean plenamente justificados. Para hacerlo correctamente es necesario que el beneficio social de los programas de gasto corriente supere el costo adicional que significará para los contribuyentes
