Especialistas sugirieron que en el mediano y largo plazos se adopten reformas fiscales e instituciones para un gasto más eficiente y sistemas tributarios progresivos
Contar con un sistema de salud público integrado podría ser posible, siempre y cuando se realice con recursos fiscales; de ahí la importancia de una reforma fiscal que permita enfrentar los nuevos retos del sector salud que se evidenciaron tras la pandemia, coincidieron especialistas durante el primer Coloquio Internacional La humanidad amenazada: ¿quién se hace cargo del futuro?, organizado por la UNAM
Rolando Cordera Campos, profesor emérito de la Facultado de Economía, remarcó la necesidad de un sistema público universal de cuidado de la salud que incluya la prevención.
“El sistema actual de financiamiento de lo público y de lo privado, no alcanza”. Como sociedad tenemos que asumir la salud como un derecho humano, pero también como una responsabilidad de todos, individual y colectiva, y desde esa perspectiva, plantear una reforma.
“Ésa (la reforma fiscal), debe comenzar por el aspecto tributario, que responda a criterios de equidad distributiva y de urgencia contributiva, que en efecto le den al Estado mexicano, en sus diferentes órganos de gobierno, capacidades reales, efectivas, de atender consistente y cotidianamente el reclamo mayoritario de salud”, recalcó.
En ese sentido, Victoria Nuguer, investigadora del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), explicó que la región de América Latina y el Caribe se enfrenta a un triple desafío. El primero es el social, consistente en revertir las tendencias crecientes de pobreza, desigualdad e inseguridad alimentaria.
Asimismo, el desafío fiscal y la necesidad de reformas para superar los retos sociales; y el de crecimiento, ya que antes de la pandemia la región tenía niveles bajos de crecimiento económico, en promedio del 2 %. Y a esos retos se suman otros: el cambio climático, la diversidad y la inclusión y el Estado de derecho.
Por ello, propuso la agenda de políticas para abordar dichos desafíos en el corto plazo, la cual incluya estrategias para controlar la inflación y proteger la credibilidad de la política monetaria; y la implementación y fortalecimiento de los subsidios focalizados para proteger a los más vulnerables; y en el mediano y largo plazos, adoptar reformas fiscales e instituciones para un gasto más eficiente y sistemas tributarios progresivos, así como diseñar políticas e instituciones para promover el crecimiento de la productividad.
Por su parte, Arantxa Colchero Aragonés, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, dijo que el sistema de salud en México no tiene recursos suficientes para garantizar una cobertura efectiva y de calidad para la población más pobre, y el reto aumentó con la pandemia.
La experta en economía de la salud calificó como urgente mejorarlo de forma considerable, lo cual requiere de recursos.
Señaló que, desde su origen, está fragmentado en términos del financiamiento; instituciones como el IMSS y el ISSSTE tienen una forma de financiarse diferente, la provisión es distinta, al igual que la calidad, y con una gran heterogeneidad en el territorio nacional. Pero lo más grave es que el 50 % de la población en el sector informal no tiene derechohabiencia y es la más pobre.
