Los costos de deuda de los países está mermando directamente el desarrollo y sus oportunidades de crecimiento, por lo que es imperante que modifiquen su política fiscal, afirmó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En el informe Deuda pública y restricciones para el desarrollo en América Latina y el Caribe, señaló que el aumento del servicio de la deuda, especialmente a causa de los mayores intereses que se pagan, obliga a los países a destinar cada vez más recursos públicos para garantizar la sostenibilidad de la deuda.
Como en episodios anteriores de elevación de las tasas de interés, esto significa reducciones en la inversión pública, y en los gastos sociales, lo que genera un círculo vicioso ya que estos son necesarios para promover un crecimiento inclusivo, sostenido y sostenible, que permita no solo estabilizar la trayectoria de la deuda, sino avanzar hacia el cumplimiento de los ODS.
De acuerdo con el documento, el aumento de los niveles de endeudamiento en la región junto a condiciones macro financieras complejas, imprime un carácter de urgencia a la necesidad de ampliar el financiamiento y transformar la arquitectura internacional de la deuda soberana para ofrecer a los países opciones que estén en consonancia con un desarrollo inclusivo y sostenible.
Al respecto el informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2023 detalló que a diciembre de 2022, la deuda pública promedio de 16 países de América Latina alcanzó un 51,5% del PIB, 1,6 puntos porcentuales por debajo de la registrada al cierre de 2021 (véase el gráfico I.18). A nivel de subregiones, los niveles de endeudamiento público de América del Sur y Centroamérica alcanzaron un 53,9% y un 49,1% del PIB, respectivamente.
Por ello, el documento insta a una política fiscal que promueva el crecimiento, la redistribución y la transformación productiva en América Latina y el Caribe.
En ese sentido, instó a evaluar la efectividad de los gastos tributarios, es decir, realizar una revisión exhaustiva de los tratamientos tributarios preferenciales debe complementarse con un marco institucional que asegure una buena gobernanza y cree requisitos legales vinculantes para la cuantificación y evaluación de los mismos.
