El próximo 8 de septiembre, el Ejecutivo tiene la fecha límite para presentar al Congreso de la Unión los Criterios Generales de Política Económica para el año 2024, así como la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Este paquete económico adquiere un significado especial, ya que debe lidiar con los riesgos económicos elevados que se vislumbran en el contexto actual y que podrían acentuarse en el período electoral y durante el inicio de la próxima administración.
Uno de los desafíos primordiales que enfrenta el presupuesto 2024 es asegurar la estabilidad económica en medio de una serie de riesgos considerables. Uno de estos riesgos destacados es la insostenibilidad de las finanzas públicas, un tema que requiere atención urgente para evitar la fragilidad hacia el final del actual gobierno y el inicio del siguiente. Esta fragilidad se origina en parte debido a la insuficiencia de recursos fiscales para respaldar gastos públicos significativos y rígidamente comprometidos, especialmente a partir del año 2025, indicó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
El deterioro de las finanzas públicas durante la presente administración se refleja en el aumento del gasto y el déficit fiscal en relación con el Producto Interno Bruto (PIB). Entre 2018 y 2022, el gasto público se incrementó en un 2,7% del PIB, mientras que los ingresos solo aumentaron en un 1,5% en el mismo período. Además, el déficit fiscal aumentó del 2,1% del PIB en 2018 al 3,3% en 2022, y se espera que alcance el 3,7% este año.
Otra preocupación es la disminución de las reservas preventivas del erario, incluyendo los fondos de estabilización. Esta reducción de recursos implica una mayor vulnerabilidad financiera ante eventos imprevistos. A esto se suma el crecimiento del gasto público, que se ha centrado en transferencias incondicionales de efectivo, lo que crea rigidez en la reducción del gasto debido a su alta carga política.
El organismo indicó que en términos de ingresos públicos, hay debilidad y proyecciones de insuficiencia futura. Los ingresos totales en la primera mitad del año estuvieron por debajo de lo programado, y se anticipa que la desaceleración económica en 2024 disminuirá los recursos fiscales. Además, las recuperaciones de ISR de las empresas grandes podrían no mantenerse a lo largo del tiempo, lo que añade incertidumbre.
Las presiones estructurales también incluyen el aumento de los gastos en pensiones y jubilaciones, lo cual representa una carga financiera significativa. Asimismo, la deuda pública ha aumentado durante esta administración, lo que se traduce en un mayor costo financiero.
El panorama para empresas estatales como Pemex es igualmente preocupante. La percepción negativa sobre Pemex podría afectar la estabilidad de las finanzas públicas, y la necesidad de financiamiento para la empresa podría poner más presión sobre los recursos federales.
Ante estos desafíos, es crucial abordar el gasto público con multas políticas a medida que se acercan las elecciones federales, y se deben evitar compromisos de gasto que amenacen la solidez fiscal. El sistema de salud y la inversión pública necesitan atención urgente para evitar un deterioro mayor en la calidad de vida de la población y en la infraestructura del país.
El paquete económico 2024 debe ser elaborado con un enfoque cauteloso y estratégico para mitigar los riesgos económicos existentes, a fin de mantener la estabilidad fiscal y promover la inversión en áreas críticas son tareas imperativas, concluyó el CEESP.
