El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) señaló que el próximo gobierno recibirá unas finanzas públicas sujetas a diversos riesgos de insostenibilidad, sin márgenes de maniobra (sin recursos precautorios) y fragilidades por parte de los ingresos públicos, así como un elevado déficit fiscal y fuertes compromisos y necesidades de gasto público en los tres órdenes de gobierno.
El CEESP subrayó que la baja recaudación no implica necesariamente la necesidad de elevar las tasas impositivas, ya que en México son elevadas e incluso en ocasiones superiores a las de los socios comerciales.
“Hay muchos negocios y personas que no contribuyen fiscalmente o que no forman parte de la base tributaria”, planteó en un comunicado.
Por ello, lo recomendable en cuanto a la tributación fiscal para el próximo gobierno es:
De entrada, evitar el aumento de impuestos y más bien antes hacer lo necesario para ampliar la base gravable
asegurar la tributación de quienes tradicionalmente han evadido o eludido los impuestos sobre la renta, en especial, proveedores de servicios -profesionales y otros-, y arrendadores de inmuebles, entre ellos, además de combatir de raíz la ilegalidad
buscar mayor eficiencia en la recaudación del IVA, con tecnologías para la comprobación y ordenamiento de las devoluciones, combatiendo la simulación y agilizando las legítimas, así como evaluar formas alternativas que pudieran ser más eficientes para su cobro
reducir el uso de efectivo en la economía, ya que facilita la evasión. En un mes normal, el efectivo en circulación supera los 20,000 pesos por persona, cifra exorbitante a todas luces. Se podría limitar su uso para transacciones por arriba de ciertos montos a cambio de medios electrónicos o cheques nominativos
Fortalecer el impuesto predial, sería una fuente potencial de ingresos a nivel municipal, lo que aliviaría presiones a la federación. Sería también un elemento de corresponsabilidad entre los distintos órdenes de gobierno.
Por otro lado, aseveró que la próxima administración tendrá que erogar cuantiosos recursos, pero también buscar mejor calidad y asignación. Ello, sin duda, en Salud y Educación para, entre muchos otros objetivos más particulares, recuperar la cobertura, garantizar un mínimo de calidad, combatir el abandono y evaluar los programas; así como en Seguridad pública a fin de que, en cada instancia federal, estatal y municipal, se cuente con sistemas adecuados.
En inversión pública y en programas sociales se requiere mejor planeación y dirección. Los proyectos públicos tienen que ser rentables (socialmente) para asegurar su conveniencia para la sociedad -de acuerdo con lo establecido en la ley-, así, se ahorrarían recursos en proyectos con pérdidas y los recursos podrían utilizarse más productivamente.
“Los programas sociales podrían ser menos onerosos si se concentraran en quienes más los necesitan. Y, además, podrían ser mejores si incluyeran incentivos a salir de la pobreza y vulnerabilidad de los grupos en esas condiciones mediante la adquisición de capital humano y productividad”, puntualizó.
Presiones financieras que heredará el siguiente gobierno
El CEESP detalló que las presiones de gasto para los próximos años se concentran en rubros de alta prioridad social y otros ineludibles, lo que hace urgente:
- Recuperar la cobertura de la salud pública para 14.7 millones de personas que la perdieron entre 2018 y 2022
- resolver diversos rezagos educativos parcialmente causados por ausencia de clases en la pandemia
- recomponer el sistema de seguridad pública con estrategias claras y con recursos suficientes para la federación, los estados y los municipios
- invertir en la infraestructura pública y su mantenimiento, que ha sufrido descuido
- elevar el presupuesto para enfrentar los mayores gastos por servicio de la deuda y las pensiones
- mantener y avanzar en los programas sociales, preponderantemente en las pensiones para adultos mayores
No obstante, señaló que es probable que los presupuestos de 2025 en adelante tengan un respiro al acabarse la inversión física en las obras icónicas de esta administración, en particular en la refinería de Dos Bocas y el tren Maya.
Estos proyectos han ocupado una buena parte de la inversión física de este gobierno. Pero de 2019 a la mitad de este año ha promediado solamente el 2.4% del PIB, el porcentaje más bajo en los últimos 30 años. Es obvio pensar que la terminación de las obras icónicas no será un respiro presupuestario para la exigua inversión física del sector público. Tendrá que avocarse a la infraestructura de transporte, transmisión de electricidad, agua, etc., que han sido claramente descuidadas.
Al respecto, advirtió que aunque el gobierno sostiene que lo es sólo de manera transitoria -o sea, en el 2024, año electoral, por cierto-, implicando que el crecimiento de la deuda pública se podrá detener. Pero normalmente es muy raro que un déficit público sea sólo transitorio, a menos que se deba a un gasto adicional a lo normal que así lo sea.
