En los últimos 10 años, México se ha convertido en “un país vulnerable a sequías”, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que agregó, tan solo el 52% del territorio nacional está ubicado en clima árido o semiárido, por ello, el estrés hídrico y la disponibilidad de agua suficiente y de calidad es un asunto “esencial” que debe considerarse dentro del Presupuesto para 2024 que aborde necesidades sociales y económicas.
¿Qué es el estrés hídrico? Se trata de una situación donde la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible debido a sequías por el cambio climático; y con esto en cuenta, el IMCO analizó la propuesta de recursos públicos que se quieren destinar a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024.
El proyecto busca disminuir el presupuesto a CONAGUA en un 12.6% respecto a 2023, es decir, pasará de 71.7 a 62.6 mmdp, algo que “difícilmente asegura una mejor gestión del agua”, y aunque se ha establecido la construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica, de aprobarse el PPEF 2024 se reduciría 15.7%el presupuesto.
Consecuencias de reducir el Presupuesto Público al agua
Reducir el presupuesto plantea una “incertidumbre sobre cubrir la capacidad de la infraestructura hídrica para abordar el problema de la gestión del agua”, por las olas de calor que aumentan el riesgo de estrés hídrico para los próximos años y el “presupuesto de la CONAGUA debería reflejar esta realidad”.
Asimismo, la gestión integral y función pública cayó 8% respecto al presupuesto de 2023 en cuanto a recursos hídricos, y según el IMCO, estas propuestas enfrentan más de la mitad del país y “exigen un presupuesto suficiente y utilizado racionalmente ante un panorama donde las sequías aumentan debido al cambio climático”.
No obstante, destaca que se requiere de una “inversión constante no solo en infraestructura hídrica, sino también en proyectos de conservación y manejo sostenible del agua”, eso implica monitoreo, vigilancia y una adecuada regulación de estos recursos, “que consideren de manera prioritaria la adaptación al cambio climático”.
